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Gobierno alista salvoconductos

Panamá otorga asilo a dos magistrados venezolanos nombrados por la oposición

Actualizado el 04 de agosto de 2017 a las 06:33 pm

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Panamá otorga asilo a dos magistrados venezolanos nombrados por la oposición

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Un rótulo en Caracas expresa el cuestionamiento de la oposición a a Asamblea Constituyente. (AP)

Panamá

El Gobierno de Panamá otorgó asilo político a dos magistrados nombrados por el Parlamento venezolano –controlado por la oposición–, y a quienes el gobierno del presidente Nicolás Maduro no reconoce, informó este viernes la Cancillería.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó de que "ha respondido positivamente a la solicitud de asilo político" de Gustavo Sosa Izaguirre y de Manuel Antonio Espinoza Melet, integrantes de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia paralelo designado  por la Asamblea Nacional el 21 de julio.

"Están siendo ahora de alguna forma u otra perseguidos por el Gobierno (de Venezuela)", así que Panamá, "en defensa de la democracia, les va a dar asilo político, (como) a cualquier persona que defienda la democracia en Venezuela o en otros lugares del mundo", dijo el presidente Juan Carlos Varela.

Panamá comenzó a tramitar los salvoconductos para que Sosa y Espinoza salgan de Venezuela, pero se desconoce cuándo llegarán al país.

Según el Gobierno panameño, ambos magistrados "ingresaron a la residencia y misión diplomática" de Panamá en Caracas en "días pasados".

Sosa denunció "constantes amenazas y amedrentamientos de altos funcionarios del Gobierno venezolano y militantes del partido de gobierno", en tanto Espinoza habló de una "atroz persecución" contra los magistrados y sus familias, según un decreto del Poder Ejecutivo panameño publicado este viernes en Gaceta Oficial.

Este anuncio se produce el mismo día en que se instaló en Caracas la Asamblea Constituyente, impulsada por Maduro, y fuertemente rechazada por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.

Panamá reiteró al gobierno de Maduro un llamado a "negociar una salida política en el marco de la constitución vigente en Venezuela" y en el "más estricto respeto de los Derechos Humanos" para "el bienestar de su población".

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