Brasilia. EFE. El debate de 13 horas que acabó la madrugada del sábado en la comisión de la Cámara Baja de Brasil que analiza la apertura de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff , dejó claro que quienes apoyan el proceso son mayoría y que pesan más los alegatos políticos que los jurídicos.
De los 61 diputados que hablaron en el debate, que concluyó a las 4:43 a. m. (1:43 a. m. en Costa Rica), 39 defendieron la apertura del impeachment contra Rousseff.
Tan solo 21 legisladores alegaron que no hay méritos jurídicos para la apertura del proceso y que, en caso de que el Congreso continúe, estaría impulsando un golpe de Estado.
El debate también dejó claro que, pese a que la comisión tiene que pronunciarse sobre si hay méritos jurídicos para la apertura del juicio, sus miembros prácticamente ignoraron las discusiones técnicas y prefirieron centrarse en los discursos de corte político.
Los diputados favorables a enjuiciar a Rousseff hicieron más referencia a la falta de condiciones para gobernar de la presidenta, a las acusaciones de corrupción contra su gobierno y a la crisis económica del país.
Quienes se oponen al proceso argumentaron que el juicio no pasa de un intento de golpe promovido por los sectores de la oposición, aún insatisfechos con la apretada derrota que sufrieron en los comicios presidenciales de octubre del 2014.
La sesión fue convocada para que los 65 miembros de la comisión especial se pronunciaran sobre el informe presentado por el diputado instructor, Jovair Arantes, quien consideró que hay méritos jurídicos para avanzar hacia la destitución de Rousseff por maniobras fiscales consideradas ilegales.
El debate precedió la votación programada para el lunes y en la que los 65 diputados decidirán si aprueban o rechazan el informe del instructor y le dan luz verde al proceso.
En caso de que se pronuncie en favor del proceso, lo que parece probable a partir de sus discursos en el debate, el caso será remitido al plenario de la Cámara de Diputados, cuyos 513 miembros tendrán que decidir este mismo mes si autorizan al Senado a someter a la presidenta al impeachment.
Fueron pocos los participantes en el debate que abordaron los aspectos técnicos del informe presentado por Arantes sobre los méritos jurídicos para el juicio.
El instructor concluyó en su informe que el análisis de la denuncia le permitió identificar indicios de que la jefe de Estado practicó actos que pueden ser enmarcados en dos de los “crímenes de responsabilidad” previstos en la Constitución para su destitución: la contratación de créditos suplementarios por decreto presidencial y la contratación ilegal de operaciones de crédito.