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Mandatario habría incurrido en falta de ética pública

Justicia investiga al presidente de Argentina, Mauricio Macri, por posible perjuicio a Estado

Actualizado el 14 de febrero de 2017 a las 02:33 pm

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El presidente Mauricio Macri asistió el domingo a un acto conmemorativo de la batalla de Chacabuco, que llevó a la independencia de Chile. (AFP)

Buenos Aires

La Justicia argentina abrió el martes una investigación al presidente argentino Mauricio Macri, acusado de presunto perjuicio al Estado por arreglar una deuda de la empresa de su familia, en un caso convertido en escándalo por sospechas de una falta de ética pública.

La imputación a Macri fue presentada por el fiscal Juan Pedro Zoni, ante el juez Ariel Lijo. Se basa en el dictamen de una fiscala de la Cámara en lo Comercial (apelaciones), Gabriela Boquín, quien dijo que el acuerdo con el poderoso Grupo Macri es "ruinoso", "abusivo", "inadmisible" y "equiparable a una condonación del 98% de la deuda".

Zoni inició una investigación para "corroborar la existencia de conductas delictivas", según el texto difundido a la prensa, en el acuerdo por la deuda del Correo Argentino. Los Macri tuvieron en concesión el Correo desde 1997 hasta el 2003 cuando fue reestatizado.

El gobierno había reclamado más temprano a la Justicia tomar en forma "urgente" el caso al considerar que no hay delito alguno. Negó que haya conflicto de intereses como sostiene una ola de denuncias políticas por supuesta corrupción.

Trato al descubierto. La conmoción estalló hace siete  días al revelar la fiscala Boquín un desconocido acuerdo firmado en junio del 2016. La deuda era de 300 millones de pesos (la misma cantidad en dólares).

El pacto, según la fiscala, omite actualizar el monto pese a que la inflación desde entonces fue de 700%. Se pagaría en cuotas al 7% anual de interés hasta el 2033, un porcentaje muy por debajo de lo que cobra cualquier banco local.

La fiscala dijo que hubo "manifiesta mala fe" porque el Grupo Macri se presentó antes en la Justicia para cobrarle al Estado una deuda por el equivalente a 150 millones de dólares. Pidió un interés del 11%. La oposición puso el grito en el cielo porque el Grupo Macri saldría ganando dinero por la diferencia entre ambos acuerdos.

Las acciones de la empresa concesionaria fueron repartidas por su líder, Franco Macri, entre sus tres hijos, uno de ellos Mauricio. El presidente, a su vez, transfirió su parte accionaria a sus hijos.

"La decisión del gobierno no dio tranquilidad a la sociedad", afirmó Ricardo Alfonsín, líder radical socialdemócrata aliado de Macri. El radicalismo integra la alianza gubernamental con el partido PRO (derecha), del jefe de Estado.

La repercusión es de tal magnitud que intervinieron organismos que el gobierno controla, como la Oficina Anticorrupción, dirigida por la dirigente macrista Laura Alonso.

También investigan la  Fiscalía Administrativa y la Procuración del Tesoro (fiscalía económica).

"Se trata de un acto de corrupción", dijo a radio del Plata la diputada Victoria Donda, del partido de centroizquierda Libres del Sur.

Decidir sobre la legalidad del acuerdo está en manos de la Cámara Federal. El Correo fue dado en concesión en el marco de la política de privatizaciones del gobierno peronista de derecha de Carlos Menem (1989-1999).

En el 2001 colapsó la economía y un polémico tipo de cambio de un peso igual a un dólar. En el 2002 volvieron las devaluaciones.

Al llegar al gobierno, los Kirchner (primero Néstor en el 2003 y después Cristina Fernández, del 2007 al 2015, peronistas de centroizquierda) reestatizaron el Correo. Nunca llegaron a un acuerdo con los Macri por la deuda.

"Nosotros arreglamos lo que el gobierno anterior no hizo", dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

En reacción, el exministro de Planificación de los Kirchner, Julio de Vido, dijo esta semana que no hubo acuerdo porque los Macri querían el perdón de la deuda.

La fiscal y la Procuración General (jefatura de fiscales) dijeron que si se actualiza la deuda, la quita llega a unos $250 millones. Calculada al 2033, cuando madura el acuerdo, la quita implica unos $4.700 millones.

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