Santo Domingo
Decenas de miles de haitianos indocumentados en República Dominicana están desde este jueves en riesgo de ser deportados tras finalizar un proceso que según el gobierno de Danilo Medina podría legalizar la residencia de 288.000 inmigrantes.
El gobierno inició los trámites para conceder la documentación definitiva a 288.446 extranjeros -en su gran mayoría haitianos- que lograron registrarse hasta el miércoles a medianoche, cuando cerró el plazo de inscripción.
La Dirección General de Migración (DGM) garantizó que "no habrá deportaciones masivas" y que cada caso será procesado individualmente, según un comunicado.
"Se utilizarán metodologías de interdicción migratoria que garantizan la protección efectiva de los derechos humanos, el debido proceso", agrega la DGM, subrayando que las deportaciones se realizarán de lunes a sábado entre las seis de la mañana y las cinco de la tarde, lo cual será informado a las respectivas embajadas.
Según una corresponsal de la AFP en Haití, este jueves no hubo deportaciones masivas de haitianos desde Dominicana.
El Movimiento Justicia Migratoria, formado por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes, estima que el plan dejó por fuera a unos 200.000 de los 458.000 que se calcula que residen en Dominicana.
La noche del miércoles finalizó el plazo para regularizar la situación de los residentes ilegales sin que miles de inmigrantes que hacían cola, la gran mayoría del vecino Haití, lograran ingresar a las diferentes oficinas habilitadas por el Ministerio de Interior y Policía.
Varias organizaciones sociales solicitaron al gobierno del presidente Medina que en las eventuales deportaciones se respeten los derechos infantiles, evitando la separación forzosa de las familias.
Las ONG Plan Internacional, Save de Children y Word Vision respaldaron esa posición en una rueda de prensa en la que pidieron también al gobierno haitiano que se involucre en preservar los derechos de los menores.
El gobierno de Medina, que en diversos foros internacionales ha negado violación de derechos humanos en las deportaciones, sostiene que los centros de retención y de autobuses con los que cuenta para el traslado de los repatriados les garantizan un trato digno.
Las personas que completaron toda la documentación requerida serán dotadas de una etiqueta en su pasaporte, o a falta de este en un carnet, que les identificará como residentes durante dos años, detalló el director ejecutivo del plan.
El concluido proceso de regularización fue caótico y caracterizado por la desinformación, según varios aspirantes a legalizar su estatus migratorio.