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Haitianos en Dominicana buscan arreglo de su situación

Actualizado el 18 de junio de 2015 a las 12:00 am

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Haitianos en Dominicana buscan arreglo de su situación

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Santo Domingo. AFP, EFE. Decenas de miles de haitianos se encontraban agolpados este miércoles a las afueras de oficinas estatales de República Dominicana para inscribirse en el plan de regularización de inmigrantes, a horas de que venciera el plazo para evitar su deportación.

“Yo nací aquí y resulta que ni mi mamá ni mi papá me sacaron papeles. Entonces, yo lo que quiero es tener algo que me pueda asegurar (permanecer) aquí para no deportarme a un país que no conozco”, dijo Karina Charles en la entrada del Ministerio de Interior y Policía, responsable del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

Tanto a Charles como a otros miles de haitianos en situación migratoria irregular les quedaban apenas horas para inscribirse en el plan pues el plazo vencía este mismo miércoles.

“Estamos en la primera fase del plan de regularización. Nosotros vamos a laborar hasta concluir la fila, porque tampoco vamos a maltratar a nadie. La excepción es la repatriación, queremos que se regularicen todos”, aseguró el ministro de Interior, José Ramón Fadul.

Fadul dijo que en la mañana de ayer se había alcanzado la cifra de 275.000 extranjeros inscritos. Pero el Movimiento Justicia Migratoria estima que estarían quedando fuera unos 200.000 de los 458.000 haitianos que se calcula que hay en Dominicana.

Haitianos desesperados por evitar deportación (AFP)

El ministro hizo estas declaraciones mientras miles de haitianos, algunos de ellos desde hace varios días, seguían en las adyacencias de las oficinas estatales habilitadas para el plan.

“Tuve que quedarme a amanecer aquí. Mi hermano tuvo que traerme comida para poder conseguir entrada. Lo que quiero es poder quedarme para seguir trabajando”, declaró Mourilion Saranoño, haitiano que trabaja en una empresa metalera y pudo inscribirse en el plan.

La inscripción consiste en la entrega de un documento de identidad del país de origen, así como su dirección de residencia y un número de contacto. Con eso ya se evita la deportación.

Luego, en días posteriores, se debe llevar constancias de trabajo, de buena conducta y algún documento que certifique la estadía en el país desde antes del 2011.

El gobierno del presidente Danilo Medina, que en diversos foros internacionales ha negado violación de derechos humanos en las deportaciones, asegura que los centros de retención y autobuses con los que cuenta para el traslado de los repatriados les garantizan trato digno.

El caos y la desesperación han acompañado el proceso, y muchos aspirantes se han quejado de la desinformación. En algunas de las oficinas habilitadas hubo pequeños disturbios que fueron sofocados con gases lacrimógenos en días pasados, sin que se reportaran heridos.

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Según la prensa local, desde comienzos de semana cientos de haitianos decidieron no optar por la legalización y comenzaron a desplazarse voluntariamente hacia la frontera para cruzar hacia su país.

En 2013, una controvertida sentencia del Tribunal Constitucional determinó que no eran dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país, ni aún cuando estuvieran asentados en el registro civil, lo que desató una ola de críticas dentro y fuera de República Dominicana.

A raíz de esta controversia, que generó una crisis diplomática entre ambos países, el gobierno de Medina abrió este proceso de legalización y promulgó una ley que reconoce como dominicanos a los hijos de inmigrantes irregulares nacidos en Dominicana.

Haití -el país más pobre de América Latina- y República Dominicana comparten la isla caribeña La Española. Su problema de migración se vio agravado tras el terremoto del 12 de enero de 2010 que dejó unos 200.000 muertos y un millón de desplazados.

Amnistía Internacional (AI) señaló ayer en Santo Domingo que las “normas internacionales que rigen los procesos de deportación son absolutamente claras: los Gobiernos deben examinar cada caso individualmente y llevar a cabo un proceso riguroso y justo, con derecho a apelación judicial, antes de tomar una decisión”.

“La expulsión de nacionales dominicanos o personas en situación de apatridia está expresamente prohibida bajo el derecho internacional”, dijo Chiara Liguori, investigadora de AI para el Caribe.

La Dirección General de Migración explicó esta semana que las repatriaciones se harán entre las 06.00 y las 17.00 horas excepto domingos y feriados; se grabará cada operativo y representantes de organismos internacionales avalarán su “regularidad, legalidad y legitimidad”.

A su vez, se contempla que los miembros de las Fuerzas Armadas que brindarán apoyo en el operativo de repatriaciones no usarán armas letales en el desarrollo de los operativos pero si macanas y pistolas eléctricas.

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