Tras la divulgación sobre supuestos "programas de espionaje y rastreo" a naciones latinoamericanas, por parte Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), varios Gobiernos exigieron a Estados Unidos explicaciones.
Las reacciones se dan luego de que el diario brasileño O Globo publicara una lista de naciones que supuestamente han sido investigadas por la NSA mediante la intervención de plataformas de correo electrónico, llamadas telefónicas y redes sociales, como Facebook, utilizando dos programas informáticos llamados Prism y Boundless Informant.
Entre los países que reaccionaron está Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay y el mismo gobierno de Brasil.
"Si es cierto, es un hecho condenable. El derecho internacional no permite este tipo de actitudes bajo ningún concepto, mucho más si es cierto. Sería controlar las actividades de un país amigo como es el Paraguay", afirmó el canciller de Paraguay, José Félix Fernández.
En tanto, el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, una de las tres naciones con prioridad en las actividades de espionaje según O Globo, rechazó los actos de vigilancia que infringen la intimidad de las personas, al tiempo que solicitó las explicaciones sobre el tema.
Las actividades de vigilancia también alcanzaron, de acuerdo con el diario brasileño, a Argentina, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Chile, Perú y El Salvador.
Cristina Kirchner, mandataria de Argentina, dijo sentir escalofríos al pensar en la posibilidad de que la denuncia sea real. "Me corre frío por la espalda cuando nos enteramos que nos están espiando a todos", comentó.
Por su parte, el gobierno ecuatoriano calificó de "muy grave" los hechos. El canciller, de ese país, Ricardo Patiño, aseguró que entienden que deben existir mecanismos de lucha contra el terrorismo, pero no admiten que en este empeño se atropellen los derechos humanos y la soberanía de los pueblos.
En tanto, la mandataria Dilma Rousseff anunció que su Gobierno se propone denunciar el caso a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
En Perú se analiza la posibilidad de crear una comisión dentro del parlamento que estudie la supuesta intervención de Estados Unidos.