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Informe revela uso de 'software' para penetrar celulares

Activistas y periodistas denunciaron al gobierno de México por espionaje

Actualizado el 19 de junio de 2017 a las 02:57 pm

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Activistas y periodistas denunciaron al gobierno de México por espionaje

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La periodista Carmen Aristegui (centro), quien el lunes dio una conferencia de prensa, es una de las afectadas por el espionaje gubernamental. (AP)

México

Un grupo de activistas y periodistas denunciaron legalmente este lunes al gobierno de México por intervenir sus teléfonos celulares, tras difundirse una investigación periodística que apunta al presunto uso de un "software" de espionaje que se vende exclusivamente a gobiernos, dijeron los agraviados.

Las víctimas presentaron la denuncia ante la Procuraduría General de la República y reportaron el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La denuncia es por delitos de acceso ilegal a comunicaciones privadas y a sistemas, "más los delitos que se acumulen", explicó Luis Fernando García, director de la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), una de las responsables de la investigación.

Periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas mexicanos han sido espiados por su  gobierno mediante un programa creado por una firma israelí, que se vende exclusivamente a los gobiernos y que se supone debería ser usado solo para investigar a criminales o terroristas, según un informe publicado el lunes por el Citizen Lab (Laboratorio Ciudadano) de la Universidad de Toronto.

Según el informe de Citizen Lab, en la lista de personas espiadas estuvieron periodistas mexicanos de alto perfil como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, quienes  han investigado presuntos actos de corrupción del gobierno y supuestos abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

Las personas bajo investigación recibieron mensajes en sus celulares con enlaces que, al hacer clic en ellos, permitían que sus dispositivos fueran espiados.

El software espía Pegasus de la firma NSO Group permite a los piratas  tener acceso a llamadas telefónicas, mensajes, cámaras de los dispositivos y datos personales. La compañía dice que vende el producto solo a los gobiernos con el propósito de combatir la delincuencia y el terrorismo.

Mario Patrón Sánchez, director del Centro para los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México. A su lado, la periodista Carmen Aristegui. (AP)

Citizen Lab dijo que no tenía "pruebas concluyentes que atribuyeran estos mensajes a agencias gubernamentales específicas en México", pero agregó que la "evidencia circunstancial indica que uno o más... de los clientes gubernamentales de NSO Group en México son los operadores probables".

Blancos del espionaje

El informe destacó que los personajes espiados estaban involucrados en "asuntos internos de preocupación inmediata para intereses mexicanos poderosos" y que "múltiples agencias federales en México son clientes de NSO".

El Gobierno de México emitió un comunicado en el que dijo que, como cualquier régimen democrático, realiza actividades de inteligencia para combatir al crimen organizado y amenazas contra la seguridad nacional, pero negó haber realizado labor ilegal de espionaje.

"El Gobierno de la República rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial", aseguró en el comunicado.

Citizen Lab mencionó que registró al menos 76 mensajes que contenían enlaces para que las víctimas los abrieran y permitieran el espionaje sin saberlo. Varios de esos textos fueron enviados en agosto del 2015 y entre abril y julio del siguiente año.

Entre los espiados también se encuentran miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el cual ha investigado casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; la asociación civil de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y el Instituto Mexicano para la Competitividad, centro de investigación que trabaja en una política económica y que combate la corrupción.

La periodista Carmen Aristegui y su equipo expusieron un caso de posible conflicto de interés relacionado con una residencia de lujo, adquirida de un contratista gubernamental por la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. La periodista fue atacada fuertemente, según Citizen Lab.

Ella recibió decenas de mensajes con los enlaces del NSO que supuestamente eran de la "Embajada de Estados Unidos en México, Alertas Amber, de colegas, gente de su círculo personal, su banco, compañía de teléfono y notificaciones de secuestros" , agregó el informe.

El laboratorio también señaló que algunos familiares de los espiados también recibieron mensajes con los enlaces, incluso el hijo de Aristegui, que en ese entonces era menor de edad y quien recibió alrededor de 21 textos.

"Esto es una operación de Estado donde los agentes del Estado mexicano lejos de hacer lo que deben hacer legalmente han utilizado nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestro dinero para cometer ilícitos graves", dijo Aristegui.

La desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fue una de las investigaciones que realizaron algunos de las personas supuestamente espiadas. Los parientes de los jóvenes realizaron este lunes 19 de junio una protesta en Cancún, donde se realiza la 47 asamblea general de la OEA. (AFP)

“(El presidente) Enrique Peña Nieto tiene que dar explicaciones. No sabemos si los periodistas asesinados antes de ello fueron espiados. No sabemos si algo así ocurrió, pero a la luz de lo que vemos, tenemos derecho a pensarlo”, agregó la periodista.

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Ana Cristina Ruelas, de la organización de derechos humanos Artículo 19, leyó una declaración en la que demandó al Gobierno federal que revele públicamente toda la información que tiene sobre el informe de espionaje y se castigue a los responsables.

"El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas. Constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder", afirmó.

El director del Comité para la Protección de Periodistas en Estados Unidos, Frank Smyth, alabó al Citizen Lab por haber documentado el espionaje e hizo un llamado a recordar los riesgos que el espionaje representa en una sociedad tan conectada.

"Se trata de un incremento en la vigilancia, pero es uno predecible, considerando la tecnología con la que contamos", dijo Smyth.

Citizen Lab informó en febrero de que el software de NSO Group fue utilizado contra activistas mexicanos que habían hecho campaña en contra de las bebidas azucaradas y de la comida chatarra.

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