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Jerarca del órgano acusador del Estado dispuesta a juzgar a fuerzas del orden

Fiscalía general de Venezuela reconoce excesos contra manifestantes

Actualizado el 24 de marzo de 2014 a las 11:59 pm

Hasta el momento hay 15 policías detenidos por presuntas agresiones contra estudiantes

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Fiscalía general de Venezuela reconoce excesos contra manifestantes

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Miembros de la Policía Nacional Bolivariana se enfrentaron con manifestantes opositores al Gobierno del presidente Nicolás Maduro el sábado. La Fiscalía General reconoció excesos en el control de las protestas. (EFE)

Caracas

La fiscal general Luisa Ortega reconoció que algunos miembros de los cuerpos de seguridad de Venezuela cometieron excesos y presuntas violaciones de los derechos humanos contra los manifestantes, pero resaltó que en general su acción ha estado apegada a la ley.

“Sí ha habido excesos policiales, pero desde el Ministerio Público estamos investigando, al día de hoy tenemos 60 investigaciones por presunta violación a los derechos humanos”, dijo Ortega en una entrevista difundida el domingo por la cadena televisiva privada Televen.

Agregó que hay 15 funcionarios policiales detenidos, señalando que eso indica  que sí hay intención de castigar esos hechos.

En las violentas protestas callejeras que se han producido en Caracas y ciudades del interior han fallecido 31 personas, entre ellas cinco guardias nacionales.

Además han dejado 486 heridos y unos 1.700 arrestados, de los cuales sólo permanecen detenidos 121, a los que les abrieron proceso.

Desde comienzos de febrero, jóvenes y opositores, esencialmente de clase media, han realizado protestas callejeras por la inflación—que en enero fue de 56,3% anual—el desabastecimiento de productos básicos y una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

El presidente Nicolás Maduro acusa a la oposición de tratar de instigar su derrocamiento.

La fiscal dijo que también ha sido dañada la infraestructura del estado por la muerte de funcionarios, agregando que eso es atentar contra el estado y que significa que el estado también ha sido víctima en estos hechos de violencia.

Pese a que la mayoría de las manifestaciones convocadas por estudiantes y la oposición se desarrollan pacíficamente, grupos de jóvenes, muchos de ellos encapuchados, se enfrentan con piedras y bombas incendiarias a agentes de la Guardia Nacional.

Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, presentó recientemente a la Fiscalía presuntas pruebas de que 59 de los más de 1.700 detenidos durante las protestas fueron torturados y recibieron tratos inhumanos de parte de algunos funcionarios de seguridad del estado o por civiles armados o colectivos.

Según líderes de la oposición, los grupos armados conocidos como  colectivos son utilizados para intimidar y disolver manifestaciones de la oposición. Las autoridades han rechazado estos señalamientos y culpan a la oposición por las muertes.

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El sindicato de trabajadores de prensa de Venezuela denunció el domingo que más de 120 periodistas, incluidos extranjeros, fueron agredidos mientras cubrían las protestas, algunos detenidos, y decenas de ellos robados.

Marco Ruiz, secretario general del sindicato, citó el caso de una reportera gráfica italiana quien aseguró que al ser detenida por la Guardia Nacional el 28 de febrero cuando cubría una protesta en el este de Caracas, los agentes le quitaron su cámara y no se la devolvieron.

Ruiz encabezó el domingo una concentración frente a la sede de la comandancia de la Guardia Nacional en Caracas.

El jefe del Comando Regional de Caracas, Manuel Quevedo, reconoció los excesos y se prometió  minimizar focos de violencia en contra de periodistas.

El comandante general de la Guardia Nacional, general Justo Noguera Pietri, aseguró que hay prohibición para detener periodistas a nivel nacional.

Ruiz señaló que además de los agentes de la Guardia Nacional, los manifestantes opositores al gobierno han golpeado a los reporteros, como ocurrió el 4 de marzo cuando un grupo de jóvenes agredió a un periodista venezolano tras confundirlo con un supuesto infiltrado de los cuerpos de seguridad.

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