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Congreso de Argentina aprueba ley para frenar excarcelación de represores

Actualizado el 10 de mayo de 2017 a las 04:13 pm

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Grupos de derechos humanos protestaron con pancartas frente al Congreso Nacional en rechazo al fallo de la Corte Suprema en Buenos Aires. (AP)

Buenos Aires

El Congreso argentino aprobó este miércoles sin fisuras una ley que frena la excarcelación anticipada de condenados por delitos de lesa humanidad, y envió un mensaje para calmar las aguas antes de una marcha en repudio al fallo de la Corte Suprema que crispó al país.

La nueva ley impide conceder a los culpables de crímenes de lesa humanidad el beneficio de reducción de condenas. El texto se aprobó en debates con la emoción a flor de piel de diputados y senadores, algunos de ellos protagonistas y víctimas directas de la dictadura que marcó a Argentina entre 1976 y 1983.

La rápida aprobación por unanimidad de la ley "es una señal muy clara a la sociedad y a los jueces de cuál es la posición del pueblo argentino" frente a los derechos humanos, dijo Federico Pinedo, presidente provisional del Senado y hombre cercano al presidente Mauricio Macri.

El cuestionado fallo de la Corte Suprema, donde tres de los cinco jueces aprobaron una reducción de pena para el exagente paramilitar Luis Muiña –condenado a 13 años de prisión–, puso en rebelión a abogados, jueces, fiscales y legisladores.

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El presidente Mauricio Macri, señalado por opositores de estar detrás del fallo de la Corte, rompió el miércoles un criticado silencio. "Estoy en contra de cualquier herramienta que facilite impunidad, más aun cuando es por delitos de lesa humanidad", remarcó.

La nueva ley se aprobó horas antes que las organizaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo lideren en Buenos Aires una marcha respaldada por sindicatos, referentes de derechos humanos como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, integrantes de Amnistía Internacional e incluso futbolistas.

"Quiero expresar mi adhesión y la de la Fundación Estudiantes al acto convocado bajo la consigna 'Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto. 30 mil detenidos-desaparecidos ípresentes!'", escribió a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Juan Sebastián Verón, jugador y presidente del club de fútbol Estudiantes de La Plata.

La manifestación se concentrará en Plaza de Mayo, donde hablarán Carlotto, y las integrantes de Madres, Taty Almeida y Lita Boitano.

Por primera vez en la historia, los asistentes a la marcha están invitados a llevar sobre sus cuellos el simbólico pañuelo blanco que identifica a estas veteranas activistas –hoy con más de 80 años–, desde sus primeras manifestaciones.

Victoria Donda es uno de los 122 nietos recuperados gracias al trabajo de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Como diputada y presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja afirmó que "a los genocidas no se los perdona".

El apropiador de Donda, el exprefecto Juan Antonio Azic, de 76 años, fue uno de los primeros en pedir el beneficio de reducción de su condena, decidida en el 2012 a 14 años por el robo de la diputada hija de desaparecidos, y otros 10 años por la apropiación de Laura Ruiz Dameri.

"No queremos que ningún genocida esté caminando en nuestras calles", reclamó Donda al revivir la crueldad de la dictadura.

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Carlotto calificó de "triunfo parlamentario" la aprobación de una ley que corrige un dictamen que consideró vergonzoso y que les hizo revivir episodios que daban por zanjados en la justicia.

"Más allá de lo doloroso en lo personal, el '2x1' es una aberración jurídica", indicó Donda, una de los 500 bebés robados durante el régimen cívio-militar que dejó 30.000 desaparecidos, según organismos de derechos humanos.

Los tres magistrados que votaron a favor del represor fueron acusados de prevaricato. Fallaron a favor de Muiña aplicando una ley derogada en 2001, que permite computar doble el tiempo pasado en prisión preventiva a la hora de fijar la condena.

Los debates en el Congreso lograron consenso en un país polarizado entre los defensores de los gobiernos centroizquierdistas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y los que apoyan al actual gobierno de derecha.

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En el 2005 se derogaron las leyes de amnistía para los autores de crímenes de lesa humanidad, lo que permitió 689 condenas por tortura, secuestro y asesinato de opositores, según un informe judicial a junio del 2016.

El diputado kirchnerista Carlos Kunkel, de 71 años, aprovechó el debate para hacer una "autocrítica" como militante en los años 1970 del movimiento guerrillero Montoneros.

"Estoy en una generación que respondió a la violencia que sufríamos desde 1955 con violencia, cometimos excesos, nos equivocamos en muchos de esos excesos y por supuesto hemos demostrado desde la restauración de la democracia que no vamos a incurrir nunca más en esas desviaciones", dijo Kunkel.

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