Santiago. AFP y EFE. La Justicia chilena condenó a ocho exmilitares a penas de entre 3 y 15 años de cárcel por el homicidio en 1973 de 14 “prisioneros políticos” en el marco de la operación Caravana de la Muerte , durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El juez Leopoldo Llanos, de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó ayer a Sergio Arredondo, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli y Patricio Ferrer a 15 años y un día de presidio como autores del homicidio de 14 personas el 19 de octubre de 1973.
Pablo Martínez fue sancionado a cinco años como cómplice del asesinato y otros tres acusados recibieron penas de tres años por encubrimiento, informó el Poder Judicial, mediante un comunicado.
Catorce hombres detenidos en Antofagasta –norte del país– por la recién instalada dictadura de Pinochet en 1973 fueron “amarrados y vendados”, y transportados hasta Quebrada del Way, donde “fueron separados en grupos de tres o cuatro y llevados frente a un paredón”, precisó la sentencia.
“A la orden del oficial a cargo del operativo, fueron ejecutados por miembros de la comitiva del oficial delegado y personal militar de la zona, mediante diferentes ráfagas de fuego, provenientes de las armas que portaban”, puntualizó el fallo.
Los cadáveres fueron trasladados a la morgue, donde se determinó la causa de la muerte, y fueron entregados a aquellos familiares que los reclamaron.
Durante la denominada Caravana de la Muerte, se habría detenido y desaparecido a 77 personas tras un recorrido por todo Chile, que realizó un grupo de oficiales a bordo de un helicóptero del Ejército, comandados por el general Sergio Arellano, sentenciado a seis años de cárcel en el 2008 por este caso.
Arellano no cumplió su pena, después de que se le diagnosticó mal de Alzheimer.
Por el caso Caravana de la Muerte, el fallecido general Pinochet también fue procesado y estuvo bajo arresto domiciliario, aunque en julio del 2002 fue sobreseído por la Corte Suprema, que estimó que una demencia le impedía defenderse en los tribunales.
La dictadura de Pinochet dejó más de 3.000 muertos y 38.000 torturados, según cifras oficiales.
El juez Llanos ordenó que el Estado y los condenados deberán pagar indemnizaciones a los familiares de las víctimas por concepto de daño moral.