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Cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador insisten en reanimar diálogo de Venezuela

Actualizado el 19 de mayo de 2014 a las 12:52 pm

El gobierno y la alianza opositora iniciaron el 10 de abril un proceso de acercamiento con un primer debate televisado de casi seis horas

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Cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador insisten en reanimar diálogo de Venezuela

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 Venezuela desde el 12 febrero se ha visto sacudida por protestas callejeras en Caracas y otras ciudades.
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Venezuela desde el 12 febrero se ha visto sacudida por protestas callejeras en Caracas y otras ciudades. (EFE.)

Caracas, Venezuela

Cancilleres sudamericanos y el nuncio apostólico intentaban el lunes desbloquear el proceso de diálogo entre el gobierno y la coalición opositora en Venezuela, suspendido desde la semana pasada.

Los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador y el nuncio apostólico en Caracas, facilitadores del proceso, esperaban sostener una segunda jornada de reuniones con las partes, indicó Andrés Velásquez, diputado del partido opositor La Causa R.

Velásquez, uno los representantes de la oposición en el proceso de diálogo, dijo a The Associated Press en entrevista telefónica que la coalición opositora está abierta a retomar el proceso pero sostuvo que para lograr ese objetivo " el gobierno tiene que dar muestras".

Al ser interrogado sobre las condiciones que exige la llamada Mesa de la Unidad Democrática para retomar los diálogos, Velásquez afirmó que se "debe cumplir con la libertad de (el excomisario) Iván Simonovis y se debe poner en libertad, darle sobreseimiento, a todos los estudiantes que están sometidos a juicio" por participar en protestas callejeras.

El dirigente agregó que la oposición insiste también en el "desarme" de los grupos paramilitares pro oficialistas conocidos como " colectivos " y una ley de amnistía para liberar a los "presos políticos".

Simonovis es un exjefe policial que fue condenado en 2009 a 30 años de cárcel por complicidad en las muertes de manifestantes oficialistas que ocurrieron en medio del fallido golpe de abril de 2002. El excomisario padece varias afecciones graves de salud que han llevado a la oposición a emprender una campaña para lograr que sea sacado de la cárcel militar donde está recluido.

La coalición opositora, que agrupa cerca de una docena de partidos y organizaciones, decidió a comienzos de la semana pasada suspender los diálogos con el gobierno en rechazo a la represión de las marchas de los universitarios y al desmantelamiento de cuatro campamentos de opositores.

La congelación de las conversaciones no representó el fin del proceso pero si un revés a la iniciativa que vienen impulsando desde abril los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Los cancilleres sudamericanos y el nuncio apostólico se reunieron el domingo por unas dos horas con los representantes de la oposición para escuchar las razones que los llevaron a congelar las conversaciones con el Ejecutivo. Los facilitadores extranjeros también tienen previsto reunirse este lunes con los representantes del gobierno, dijo Velásquez.

El canciller Elías Jaua afirmó la víspera que las partes deben apegarse con fuerza al proceso de diálogo "sin menoscabo de la justicia y principios de cada uno".

"El que se pare de esa mesa es porque quiere la guerra para Venezuela", dijo Jaua en una entrevista en el canal privado Televen.

El gobierno y la alianza opositora iniciaron el 10 de abril un proceso de acercamiento con un primer debate televisado de casi seis horas.

El diálogo es una iniciativa de Unasur para ayudar a poner fin a la crisis que enfrenta Venezuela que desde febrero se ha visto sacudida por protestas callejeras en Caracas y otras ciudades.

Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, han salido a protestar contra la elevada inflación -que alcanzó el 59% anual en marzo-, el desabastecimiento de productos de primera necesidad y un alto índice de delincuencia.

Los incidentes han dejado 42 muertos, 835 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales 252 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.

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