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Un grupo de personas llega para interponer denuncias ante una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Club Uasd de Santo Domingo (República Dominicana). (Orlando Barría)
Santo Domingo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el viernes al gobierno dominicano garantizar el derecho a la nacionalidad de miles de personas, en su mayoría descendientes de haitianos, de la cual serán despojados debido a una sentencia del tribunal constitucional.
El fallo del tribunal "conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad" y "tiene un efecto discriminatorio" contra dominicanos de ascendencia haitiana, indicó el presidente de la Comisión José de Jesús Orozco al leer el informe preliminar de una visita que realizó durante cinco días el organismo multilateral al país caribeño.
Ese proceso de naturalización "podría no ser acorde con el derecho internacional", explicó Orozco. Detalló que "la naturalización puede implicar el reconocimiento de una nacionalidad distinta, ser considerado extranjero, y no se puede exigir eso a personas que previamente ya eran consideradas dominicanas".
Se refería a la creación por parte del gobierno de dominicano de un proceso especial de naturalización para los dominicanos desnacionalizados.
La Comisión también recomendó al gobierno adoptar "medidas urgentes" que garanticen los derechos de quienes han sido privados de la nacionalidad, como acceso a educación y salud.
"Estoy muy complacida y satisfecha con este informe", dijo Ana María Belique, vocera del grupo Reconoci.do y quien durante varios años no había podido ingresar a la universidad debido a que las autoridades le negaban la copia certificada de su acta de nacimiento y su cédula de identidad debido a su ascendencia haitiana.
Belique destacó que el reporte de la Comisión, que incluye información documental, "constata algo que durante mucho tiempo hemos venido denunciando como sociedad civil y como afectados".
Aunque el gobierno no ha respondido al informe del organismo internacional, el consultor jurídico de la presidencia, César Pina había dicho el jueves que las autoridades invitaron a la Comisión, convencidas de que el fallo del tribunal constitucional no viola los derechos humanos.
La Comisión interamericana instaló en diferentes puntos del país 3.994 testimonios y denuncias de personas afectadas por el fallo judicial que "priva de la nacionalidad retroactivamente" y genera sentimientos apátridas en aquellos a quienes el registro civil les ha negado sus documentos desde el 2007, detalló Orozco.
Entre los testimonios, el informe de la Comisión cita a una mujer nacida en la provincia dominicana de Valverde en 1981 y quien no ha podido registrar a ninguno de sus seis hijos debido a que las autoridades le niegan sus documentos de identidad por su ascendencia haitiana.
La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, comenzó en 2007 a retener los documentos de identidad de los descendientes de inmigrantes haitianos con el argumento de que habían sido registrados de forma fraudulenta para obtener la nacionalidad dominicana.
Al analizar el caso particular de la dominicana de ascendencia haitiana Juliana Deguis Pierre, a quien el registro civil le niega copia de sus documentos, el tribunal constitucional ratificó el 23 de septiembre de 2013 las acciones de la Junta Central y ordenó realizar un inventario de todos los hijos de extranjeros nacidos en el país desde 1929 y anular mediante juicios individuales la nacionalidad de aquellos cuyos padres no tenían residencia legal.
Aunque aún no se realiza ninguno de esos juicios, la Dirección de Migración anunció que Deguis Pierre tenía que recoger un permiso de estadía temporal para extranjeros mientras regulariza su situación.
Grupos de derechos humanos estiman que unas 250.000 personas serán desnacionalizadas, de las cuales el 85% son descendientes de los miles de inmigrantes haitianos que durante el siglo XX fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos. El gobierno dominicano dice que los afectados serían unos 24.000.
El presidente Medina firmó el pasado 29 de noviembre un plan para regularizar en los próximos 18 meses a los miles de extranjeros que permanecen en el país sin permiso migratorio, al término del plazo serán deportados o expatriados quienes no se hayan registrado.
