México. AFP. El homicidio de un líder de grupos de autodefensa del conflictivo estado de Guerrero ha vuelto a sacudir México y dejó perplejos a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa , en cuya búsqueda había colaborado el jefe comunitario asesinado.
En momentos en que México todavía seguía impactado por otro atroz crimen múltiple –el homicidio de un fotoperiodista, una activista y otras tres mujeres en un apartamento de Ciudad de México– fue encontrado el cadáver acribillado de Miguel Ángel Jiménez dentro de su taxi, el pasado sábado.
El vehículo, con el que Jiménez trabajaba para completar sus ingresos, estaba sobre la carretera que conecta a Ciudad de México con el puerto de Acapulco, muy cerca de la comunidad de Xaltianguis, donde en el 2013 fundó con otros vecinos un grupo de autodefensa para enfrentar el acoso del narcotráfico.
Jiménez se hizo conocido a nivel nacional por su decidida participación en la búsqueda de los 43 estudiantes de la comunidad de Ayotzinapa , que desaparecieron en setiembre pasado tras ser atacados por policías corruptos de la cercana ciudad de Iguala, también en Guerrero.
Las autoridades concluyeron que los jóvenes acabaron siendo asesinados e incinerados por narcotraficantes, pero sus familias (auxiliados por el grupo de Jiménez y otros) los han seguido buscando por las tupidas y agrestes montañas que rodean Iguala.
“Haber asesinado así a alguien que ayuda a la gente es para nosotros muy sorprendente”, dijo este lunes, por teléfono, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes.
Como mucha gente de esa región, Jiménez fue “uno de los que entregaron su tiempo para encontrar a los jóvenes”, recordó.
Alto riesgo. El asesinato de Jiménez, del que se desconocen motivos, ha vuelto a poner sobre la mesa la vulnerabilidad que sufren los activistas en muchas regiones de México, donde son blanco de amenazas, secuestros y asesinatos que suelen quedar impunes.
Entre las cuatro mujeres ultimadas el 31 de julio, junto al fotoreportero Rubén Espinosa en Ciudad de México, también estaba la activista y promotora cultural Nadia Vera.
Si Jiménez fue asesinado por su participación en el caso de los 43 estudiantes, “es muy lamentable”, comentó Mario César González, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, al asegurar que este crimen “no intimida en nada” a su movimiento.
“Si quieren empezar a matar gente y padres de familia, pues, ni modo, en esas condiciones estamos (...). Siempre nos están matando a la gente que lucha, que levanta la voz”, denunció.
A un mes y medio de que se cumpla el primer aniversario de las desapariciones de Ayotzinapa, los padres de los estudiantes siguen convocando a protestas para exigir al Gobierno que los encuentre con vida.
La Fiscalía, aunque solo ha podido hallar e identificar los restos de uno de los jóvenes, sostiene que todos ellos fueron masacrados por sicarios del cartel Guerreros Unidos que, supuestamente, creían que entre los alumnos había miembros de un grupo rival.
En Guerrero, un estado con fuerte presencia de comunidades indígenas que se rigen por sus costumbres, las policías comunitarias son legales.
El grupo de autodefensa de Jiménez pertenece a una organización llamada Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg).
En setiembre del año pasado, el activista denunció que había recibido amenazas de un grupo antagónico al suyo, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg), al que acusa de estar infiltrado por el crimen organizado.
Guerrero es una zona clave para el cultivo de marihuana y amapola, por lo que grupos de crimen organizado se lo disputan.