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Los acusados Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros y la obstetra Luisa Yolanda Arroche (EFE)
Buenos Aires
La justicia argentina sentó en el banquillo de los acusados, por primera vez este miércoles, a médicos y profesionales de la salud que asistieron partos clandestinos de detenidas políticas y fueron cómplices del robo de bebés durante la dictadura (1976-1983).
"Es un juicio muy importante porque juzga la complicidad de médicos y parteras que fueron responsables directos de estos delitos de lesa humanidad", dijo a la AFP Francisco Madariaga, de 36 años, robado al nacer y entregado a una pareja que lo anotó como propio y con los que vivió antes de recuperar su identidad en 2010.
Francisco nació bajo el cautiverio de su madre en la maternidad clandestina que funcionó en el hospital militar del destacamento de Campo de Mayo, en la capital argentina.
Su nacimiento fue asistido por Luisa Yolanda Arroche, la obstétrica hoy de 86 años, que a unos metros de él escuchó las acusaciones en su contra por haber falseado la partida de nacimiento y facilitado su apropiación.
Arroche, que declinó dar declaraciones, está acusada en esta causa junto a los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, octogenarios como ella.
A lo largo del juicio se escucharán sus argumentos, aunque en juicios anteriores médicos citados como testigos alegaron desconocimiento, haber sido forzados o razones de salud para la atención de las pacientes.
"Siendo conocedores de lo que allí sucedía prestaron una colaboración esencial para la supresión de identidad" de los niños, reza la acusación de la fiscalía leída en el tribunal.
Los tres son juzgados junto al excomandante Santiago Omar Riveros, a cargo de Campo de Mayo y el exdictador Reynaldo Benito Bignone, ya condenados por otros crímenes de lesa humanidad.
"En este juicio vamos a poder saber qué hicieron con nuestras madres el día después que nacimos, sabemos que habrá condena y triunfará la justicia porque somos la prueba viviente del delito", dijo Francisco que pudo reencontrarse con su padre, Abel Madariaga, querellante junto a la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, explicó a la AFP que en la oscura trama de robo de bebés durante la dictadura, faltaba que la justicia se pronunciara sobre médicos y parteras implicados.
"Hasta hoy se habían juzgado a los organizadores del plan sistemático de robo de bebés, a los apropiadores de esos niños, pero ellos (médicos y parteras) han sido un eslabón fundamental para que todo se pudiera llevar a cabo", aseveró Iud.
La madre de Francisco, Silvia Quintela, fue secuestrada a los 24 años en Buenos Aires embarazada de siete meses y tras ser torturada en la cárcel clandestina "el campito" dentro de Campo de Mayo, dio a luz en el sector de Epidemiología del Hospital del destacamento.
Allí se estima nacieron decenas de niños cuyas madres daban a luz vendadas y esposadas a sus camas bajo guardia armada.
Silvia permanece desaparecida como otras ocho mujeres que parieron en ese lugar cuyos casos son ventilados en este juicio donde se escucharán 40 testimonios.
Iud explicó que "se juzgarán sólo nueve casos, pero ha habido muchos más con al menos doce profesionales (de la salud) involucrados solo en Campo de Mayo".
"Su intervención no fue forzada sino que contribuyeron a armar verdaderas maternidades clandestinas", remarcó.
Según estimaciones de organismos defensores de derechos humanos unos 500 bebés fueron robados al nacer bajo el cautiverio de sus madres y entregados a apropiadores que los inscribieron como propios.
