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El equipo jurídico del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, presentó este jueves un recurso ante un tribunal local en el que denunció violación al debido proceso en el caso que llevó a su destitución y pidió que esa sanción sea suspendida.
Luis Eduardo Parra, abogado de Petro, informó de que en el recurso de tutela "se le solicitó al tribunal que garantice el debido proceso al señor alcalde de Bogotá y, por tanto, que se suspenda el acto que profirió la Procuraduría".
"Lo que buscamos es la suspensión provisional del acto de destitución", precisó el jurista.
El lunes, el procurador Alejandro Ordóñez anunció la destitución de Petro y su inhabilitación por 15 años.
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El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, presentó un recurso contra su destitución y llamó a los capitalinos colombianos a manifestarse a su favor. (AFP)
La sanción fue impuesta al alcalde tras determinar que actuó con dolo al reformar el sistema de recolección de basura de la ciudad.
Otro abogado de Petro, Julio César Ortiz, detalló que en la tutela introducida este jueves ante el tribunal administrativo de Cundinamarca se manifiesta asimismo "la ausencia de competencias del Procurador para destituir e inhabilitar a autoridades de origen electoral".
Según los abogados, el tribunal debería responder al recurso en los próximos diez días.
Sobre las medidas adelantadas por la defensa de Petro, Ordóñez dijo este jueves que las "tutelas son instrumentos procesales consagrados en la Constitución a los que los ciudadanos tienen derecho a recurrir".
Además de introducir este recurso, la defensa del alcalde planea recurrir la sanción directamente ante la Procuraduría.
En la tarde de este jueves, Petro se encontraba reunido con el fiscal general Eduardo Montealegre para discutir su situación.
El miércoles, Montealegre anunció una inspección a la Procuraduría para analizar los argumentos y pruebas presentadas para destituir al alcalde.
Además, el fiscal aseguró entonces que la jurisprudencia internacional señala que "quienes son elegidos mediante el voto popular solo pueden ser destituidos después de que se haya presentado una sentencia judicial ejecutoriada".
Ya en octubre Petro solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) precisamente para evitar su destitución.
A fines del 2012, Petro otorgó a una empresa pública la gestión de los residuos de la ciudad que, hasta entonces, era gestionada por privados.
En la transición, se produjeron problemas en el servicio y se acumuló basura en las calles de la ciudad.
