Aborto, matrimonio gay y marihuana ponen a Uruguay a la vanguardia en la región

Con el proyecto de liberalización de la marihuana, que se suma a la legalización del aborto y el matrimonio homosexual, Uruguay retomó su tradición vanguardista en materia de leyes sociales.

Primero fue la despenalización del aborto en octubre de 2012, siendo el segundo país latinoamericano de la región, después de Cuba, en permitirlo. Luego, en abril de este año, legalizó el matrimonio homosexual, hasta entonces solo habilitado en Argentina y en la Ciudad de México.

Ahora, la legalización de la producción y venta de cannabis volvió a poner el foco del mundo en este país de 3,3 millones de habitantes.

Para Felipe Arocena, doctor en sociología, el impulso a este tipo de leyes tiene varias explicaciones: un periodo de bonanza económica que permite que prospere la agenda de promoción de derechos, un gobierno de izquierda preocupado por estas temáticas y una fuerte movilización de nuevas generaciones defendiendo los derechos de los homosexuales y la legalización del cannabis.

Pero además hay que tener en cuenta que Uruguay, un Estado laico desde 1917, "es uno de los países más seculares de América latina, un país donde la religión y la Iglesia (católica) como institución han tenido mucho menos peso en el Estado".

Estas reformas adoptadas durante el gobierno del exguerrillero José Mujica tampoco sorprenden tanto si se recuerda que "Uruguay fue en otro momento de su historia también bastante innovador en materia de legislación en el mundo", indicó Arocena a la AFP, recordando las primeras tres décadas del siglo XX que convirtieron al país sudamericano en "el primer estado de bienestar en el mundo".

De la mano del presidente José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y 1911-1915), Uruguay fue el primero de Sudamérica en admitir el divorcio por la sola voluntad de la mujer (1913) o en permitir el voto femenino (1927). También fue uno de los primeros en abolir la pena de muerte (1907).

En el mismo periodo se legalizó la prostitución y se aprobaron además avanzadas normas laborales, como la reducción de la jornada laboral a 8 horas (1915) y leyes de seguridad social.

Para Adolfo Garcé, doctor en Ciencia Política, al gobernante Frente Amplio (FA), en el poder desde 2005, "le gusta verse a sí mismo como un relanzador de ese vanguardismo en materia de derechos que supo tener el país exactamente hace un siglo atrás".

"El reformismo batllista fundó el estado de bienestar y llevó adelante una agenda derechos importantes y el reformismo frenteamplista trata de hacer lo mismo, refundar el estado de bienestar y en ese contexto relanzar la agenda de derechos", comentó a la AFP.

De todas formas, el analista cree que el proyecto de regulación de la marihuana fue posible por la combinación de dos factores.

"Tiene que ver con la preocupación que tiene desde hace años el presidente Mujica de combatir las drogas duras, en particular la pasta base. Y con cierta convicción que tiene el presidente en cuanto a que separando el mercado de la marihuana del mercado de la pasta base, se puede combatir mejor la pasta base, que es su gran obsesión. Ese fue el planteo inicial", explicó.

"Por otro lado, la nueva ley sobre cannabis se conecta con la agenda de nuevos derechos del Frente Amplio. El proyecto de Mujica fue tomado por la bancada del FA, reinterpretado e impulsado desde una perspectiva de ampliación de las libertades, de respeto a la diversidad y toda esa agenda de derechos que el Frente impulsó sobre todo en este segundo gobierno", añadió.

El proyecto fue aprobado tras un prolongado debate político y social, iniciado luego que Mujica lanzara la idea en junio de 2012 en el marco de medidas para combatir el aumento de la violencia en el país.

Según una encuesta de setiembre de la consultora Cifra, el 61% de los uruguayos no comparte la iniciativa.

"En todo este tema de la marihuana se está yendo a contrapelo de la opinión pública, la mayoría de la población está en contra. También en ese punto el FA es similar al batllismo. El batllismo también fue más rápido de lo que la sociedad de su tiempo admitía. Pero circunstancias políticas permitieron que la legislación avanzara y las circunstancias políticas de este tiempo también permiten lo mismo", concluyó Garcé.