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Tragedia en Comayagua donde murieron 362 presos

La impunidad reina a un año de incendio en cárcel hondureña

Actualizado el 15 de febrero de 2013 a las 12:00 am

Fiscalía mantiene caso abierto; los investigadores dicen que hubo negligencia

En otra prisión, la más moderna del país, no hay teléfono para llamar a bomberos

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La impunidad reina a un año de incendio en cárcel hondureña

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JUTICALPA, Honduras. AP. Jesús García es uno de los hondureños que el 14 de cada mes participa en una procesión macabra hasta la prisión donde dos primos suyos murieron junto a otros 360 presos en el peor incendio carcelario en este siglo.

Es su manera de exigir justicia por las muertes de Antonio y Franklin García, quienes quedaron encerrados en sus celdas mientras el fuego se abría paso entre los barracones de madera y los guardias corrían por su vida sin abrirles las puertas. “Vamos al penal en procesión simbólica, con un ataúd, para pedir justicia, pero nadie nos da respuestas; vamos a la ministra de Derechos Humanos y ella nos pasa al presidente (Porfirio Lobo) y él a la oficina de la primera dama para que se gestione una ayuda... ni justicia ni ayuda”.

A un año del incendio en Comayagua , a unos 100 kilómetros de Tegucigalpa, la investigación continúa abierta y los fiscales no han acusado a nadie. Las celdas quemadas y el sistema eléctrico de la prisión aún están siendo reparadas.

El preso que se convirtió en héroe, al encontrar las llaves y salvando a decenas de hombres, nunca recibió el indulto prometido por Lobo. La ley prohíbe indultar a convictos de asesinato, y Marco Antonio Bonilla continúa encarcelado y trabajando en la misma enfermería en la que los gritos de sus compañeros devorados por el fuego lo despertaron aquella noche.

“No había medios de extinción de incendios ni un plan de evacuación, ni se permitió a los bomberos entrar con la debida diligencia. En vez de actuar correctamente, los policías se limitaron a realizar disparos al aire como supuesto protocolo de actuación en caso de fuga”, dijo el fiscal de derechos humanos Germán Enamorado, quien ha dirigido la investigación por encargo de la Fiscalía General.

Ningún cambio. García sabe que aquello podría suceder de nuevo. Además de ser pariente de dos fallecidos, es el encargado de la prisión de Juticalpa, en el departamento de Olancho. Un incendio en esa penitenciaría, que aloja a casi 500 prisioneros, podría causar la misma devastación porque el penal no dispone de agua corriente para luchar contra las llamas o una línea telefónica para llamar a los bomberos. ¡Y eso que es la prisión más moderna de Honduras, construida en 2007!

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Las organizaciones de derechos humanos han criticado ampliamente el sistema de prisiones. La mayoría de los 11.000 presos en las 24 cárceles del país ni siquiera han sido condenados. Más de la mitad de los 800 internos del penal de Comayagua el día del incendio estaban aún en espera de juicio, según un informe del Gobierno enviado hace un año a la ONU.

La investigación sobre el desastre realizada por la Fiscalía de Derechos Humanos “no observa mano criminal en el origen del incendio”, dice Enamorado.

“Comenzó con una llama abierta, en uno de los hogares y se extendió en pocos minutos” dice, citando un informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, que investigó la deflagración. “Pero se observa negligencia por parte de los funcionarios a cargo de la seguridad del penal que con su acción pudieron haber evitado un número de muertes de tal magnitud”.

Aunque Enamorado ha concluido que hubo negligencia, la oficina del fiscal general mantiene el caso abierto por falta de pruebas entre las que se incluyen los resultados de las autopsias, el número exacto de internos en el penal aquel día, si existía un plan de evacuación y el material del que estaban hechos los colchones que se quemaron.

Tres de las 362 víctimas continúan aún en la morgue. A uno nadie lo ha reclamado y los otros dos están tan quemados que es imposible identificarlos.

Ni el departamento de Medicina Legal ni la Fiscalía General aceptaron los pedidos de entrevista para explicar el retraso, y los parientes de víctimas creen que el Gobierno trata de evitar su responsabilidad.

“Existe una política por parte de la Fiscalía General de liderar y coordinar las investigaciones de manera obstructiva en casos emblemáticos de violación de los derechos humanos con el objetivo de que no recaiga la responsabilidad sobre el Estado”, dijo Joaquín Mejía, asesor del Comité de Familiares de las Víctimas de Comayagua.

Sin fondos. La sempiterna crisis fiscal, política y judicial de Honduras deja pocos recursos para mejorar el sistema penitenciario. El presupuesto nacional para el sistema de prisiones es de unos $15 millones al año. El 85% se destina al pago de salarios de los policías que las vigilan, según cifras oficiales.

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Las prisiones hondureñas consiguen el resto de su financiación de impuestos que pagan los internos por los negocios que regentan en el interior de las cárceles, desde pequeños restaurantes hasta el uso de teléfonos o celdas conyugales.

Dani Rodríguez, el inspector de policía que fue nombrado director del penal de Comayagua el día después del incendio, no ha podido realizar demasiados cambios.

Pese a su voluntad, desde entonces poco ha podido hacer con los medios de los que se le ha dotado. “El estado me transfirió $9.000, vendiendo al peso los metales quemados conseguimos unos $1.500 y un maratón solidario en televisión nos ha dejado un cheque de plástico muy grande que utilizaron para la foto, pero el dinero aún no ha llegado”, expresó Rodríguez.

García comparte las mismas dificultades en la gestión del penal de Juticalpa. “Recibimos el agua un par de horas al día por donación de un vecino que nos cede una conducción desde su pozo, pero no es agua apta para el consumo, y a veces por un camión de bomberos que nos trae una donación de la alcaldía”, manifestó Gonzalo De Jesús, administrador de la prisión .

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