La Haya. EFE. Nicaragua defendió el martes la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver la disputa entre Managua y Bogotá, por el supuesto incumplimiento del fallo de ese tribunal que modificó la frontera marítima entre ambos países.
El país centroamericano, que expuso sus argumentos en una ronda de alegatos orales, acusó a Colombia de querer “evitar” su responsabilidad y obligaciones, y denunció las amenazas de ese país en las zonas marítimas limítrofes.
El embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos Argüello, recordó al tribunal que Colombia denunció el Pacto de Bogotá , que declara la jurisdicción de la CIJ en este caso, y con ello rechazó que ese tribunal sea competente para resolver el litigio.
“Colombia no solo no acepta el carácter obligatorio” del dictamen que la CIJ emitió en el 2012 , sino que está adoptando acciones que son “una violación” de lo acordado, indicó Argüello.
Explicó, además, que llevar de nuevo la disputa a la Corte no resulta “agradable”, pero que su país no ve otra salida, dada la posición colombiana, defendida públicamente por el presidente de ese país, Juan Manuel Santos.
Por su parte, el profesor Antonio Remiro Brotóns, de la Universidad Autónoma de Madrid y quien intervino también en apoyo de Nicaragua, explicó a la Corte que la clave del litigio reside en la interpretación del artículo 56 del Pacto de Bogotá.
De acuerdo con esa disposición, el Pacto puede ser denunciado, pero sigue vigente para el denunciante hasta un año después de la denuncia.
En este sentido, para Remiro “la Corte debe aceptar su jurisdicción hasta el 27 de noviembre del 2013”, dado que la denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Colombia se produjo exactamente un año antes.
Continuación de disputa. Por su parte, el 26 de noviembre del 2013, Nicaragua presentó una nueva demanda contra Colombia ante la Corte de La Haya , en la que alegó el incumplimiento del fallo del tribunal y las amenazas con el uso de la fuerza en la zona.
El alto tribunal de Naciones Unidas modificó la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en noviembre del 2012.
Los jueces dejaron bajo soberanía colombiana siete cayos y las islas del archipiélago de San Andrés, y a Nicaragua le otorgaron una franja marina en esa zona, que Colombia calcula en unos 75.000 km² y el país centroamericano en más de 90.000 km².
Sin embargo, el fallo de la CIJ fue considerado “inaplicable” por Colombia si no se firmaba antes un tratado para garantizar los derechos de su país.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, dijo en setiembre del 2013 que apoyaba la apertura de un diálogo entre los Gobiernos de Nicaragua y de Colombia, con el objetivo de concluir un tratado que permita hacer la transición ordenada de las limitaciones fijadas en el fallo del tribunal.
El embajador Argüello reiteró que Nicaragua apoyaría la firma de un tratado que permitiera resolver la disputa.
Los alegatos del martes se produjeron después de que Colombia defendió en la primera audiencia sobre esta disputa, celebrada el lunes en La Haya, que la CIJ no es competente en este caso y lamentó que Managua se haga la “víctima” en el diferendo.
El agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, Carlos Gustavo Arrieta, sostuvo que la demanda nicaragüense llegó como una “completa sorpresa” para Bogotá.
Agregó que esa demanda fue “muy frustrante para Colombia” dada la entonces “pacífica situación en el mar y las declaraciones repetidas de las partes de su voluntad de tratar de negociar un tratado para implementar la sentencia” de la Corte del 2012.
Igualmente destacó que no existe “jurisdicción en este caso por parte de la CIJ”.
Una segunda ronda de intervenciones está prevista para este miércoles, cuando Colombia volverá a exponer sus alegatos y el 2 de octubre, fecha en que de nuevo intervendrá Nicaragua.