EscucharParís EFE El presidente francés, François Hollande, se prepara para un reto menos plácido de lo que esperaba con el examen parlamentario de la ley sobre el final de vida, una de sus promesas electorales, que prevé la “sedación profunda y continua” del enfermo terminal hasta su muerte.
Tras la legalización del matrimonio homosexual, esta ley –que llegó ayer a la Asamblea Nacional– debería convertirse en la segunda gran reforma social del quinquenio de Hollande, pero el presidente socialista parece condenado a sufrir para conseguir que sus proyectos vean la luz.
Pese a que la propuesta de ley ha sido redactada por diputados de ambos lados del arco parlamentario –el socialista Alain Claeys y el conservador Jean Leonetti–, tanto izquierda como derecha ya han anunciado que no se lo pondrán fácil.
La iniciativa contempla la sedación “profunda y continua” para los enfermos terminales que lo pidan, así como la obligatoriedad de respetar los deseos anticipados del paciente en caso de que ya no pueda expresar su voluntad, salvo en algunos polémicos supuestos como el de “instrucciones manifiestamente inapropiadas”.
Además, la sedación implicará necesariamente que se detenga el mantenimiento artificial de la vida, la nutrición y la hidratación del enfermo.
Este es uno de los aspectos que más controversia ha despertado, ya que las asociaciones en contra de la eutanasia alegan que el paciente acaba muriendo de hambre y sed, con el sufrimiento que ello conlleva.
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El presidente francés, Francois Hollande, en una actividad. | AFP (CHRISTOPHE ENA)
Hollande ha querido dejar claro que no se trata de una legalización de la eutanasia ni del suicidio asistido.
El ala más izquierdista del Partido Socialista (PS) , junto a comunistas, centristas y verdes, aboga por ir más lejos: más de 120 diputados socialistas apoyan una enmienda en favor de ayuda activa para morir.
Decenas de parlamentarios de UMP la rechazan porque creen que el proyecto avanza hacia un reconocimiento del “derecho a la muerte”.
El Gobierno de Hollande, que ya tuvo que enfrentarse en febrero a una moción de censura para conseguir sacar adelante su ley de liberalización económica en la cámara baja, corre el riesgo de toparse de nuevo con un Parlamento hostil, aunque no parece que vaya a tumbar la medida.
Por si fuera poco, tendrá también delante la oposición de líderes de las comunidades religiosas del país, que ayer publicaron en el diario “Le Monde” una carta conjunta en la que pedían “preservar la prohibición de matar”.
En el texto, el cardenal Philippe Barbarin junto al gran rabino de Francia, Haïm Korsia, el presidente de la Unión de Mezquitas, Mohamed Moussaoui, y los cabezas de las iglesias protestante y ortodoxa denunciaban que el nuevo debate sobre el final de la vida “corre el riesgo de añadir confusión”.
“Pedimos que esta ley sea civilizadora, es decir, que ayude a vivir y a morir, sin acortar la vida ni decidir dar muerte abusando de la sedación”, recoge la carta.
Pese a todas las resistencias, sus autores se mostraron ayer convencidos ante la Asamblea Nacional de que el proyecto de ley conseguirá el voto favorable de los diputados, un optimismo al que se sumó el primer ministro, Manuel Valls.
“Hacía falta legislar, se ha encontrado un equilibrio y se debe preservar”, dijo el jefe de Gobierno.
