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Un grupo de manifestantes protestó el 7 de octubre, en Barcelona, contra las corridas de toros en Cataluña. (AFP)
Madrid
El Tribunal Constitucional español anuló este jueves la prohibición de las corridas de toros en Cataluña (noreste del país), en un nuevo golpe a las autoridades de la región, que mantienen un duro enfrentamiento con el Estado por su controvertido proyecto de independencia.
En la sentencia, el alto tribunal declara "inconstitucional y nulo" dicho artículo, por considerar que Cataluña se extralimitó en sus competencias prohibiendo una celebración declarada patrimonio cultural por el Estado.
"Al ejercer su competencia para la regulación de los espectáculos públicos, la Generalitat (órgano de gobierno de Cataluña) ha menoscabado la competencia del Estado para la preservación del patrimonio cultural común", reza el texto.
La sentencia no fue adoptada por unanimidad, y da la razón a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular (PP, conservador), que gobierna España.
El Parlamento regional catalán, de mayoría nacionalista, votó dicha prohibición en el 2010, en nombre de la defensa de los animales. La medida entró en vigor en enero del 2012.
Este jueves, el Gobierno catalán no tardó en responder que, pese a la sentencia, buscará la forma de que la prohibición se mantenga.
"No volverá a haber corridas de toros en Cataluña, diga lo que diga el Tribunal Constitucional", dijo a la prensa Josep Rull, consejero de Territorio y Sostenibilidad.
La ley partió de una iniciativa legislativa popular lanzada en el 2008, que recabó 180.000 firmas. Cataluña se convirtió así en la segunda región española en prohibir las corridas de toros en su territorio, después del archipiélago de las Islas Canarias en 1991.
Más adelante, en el 2013 y el 2015, se aprobaron en España dos leyes con las que se declaró a las corridas como patrimonio cultural, que no fueron recurridas y que el Constitucional esgrimió para apoyar la sentencia emitida este jueves.
Mecha política. Pero más allá de la defensa de los animales, el debate en torno a la tauromaquia tiene también un fuerte componente político en una Cataluña gobernada por una coalición secesionista, que denosta la "fiesta nacional" española.
Desde hace años, el Constitucional y el Tribunal Supremo responden sistemáticamente a todos los pasos del Parlamento catalán hacia la independencia, una cuestión que el presidente regional, Carles Puigdemont, quiere someter a referendo en setiembre del 2017.
"En el Estado español es anticonstitucional prohibir la tortura y asesinato de un animal públicamente. Diría que está todo dicho", criticó en Twitter Gabriel Rufián, portavoz en el Parlamento español de Esquerra Republicana de Catalunya, que gobierna la región en el seno de una coalición independentista.
Los defensores de los animales tacharon la decisión de "desgracia", tal y como dijo a la AFP Ana Bayle, secretaria de la junta directiva del partido animalista PACMA.
"Una vez más demuestran que han utilizado a los animales en una guerra política"; ellos "ni saben de animales ni les importa", añadió Bayle refiriéndose a los jueces del alto tribunal.
"Pase lo que pase en Cataluña, la corrida está agonizando y no será un intento desesperado el que la salve", abundó Claire Starozinski, presidenta de la Alianza Anticorrida, con sede en la ciudad francesa de Nimes (sur), que cuenta con una prestigiosa tradición taurina.
La última corrida en Cataluña tuvo lugar el 25 de septiembre del 2011 en la Monumental de Barcelona, cuando Juan Mora, José Tomás y el catalán Serafín Marín lidiaron seis astados delante de 18.000 aficionados. El otro coso barcelonés, Las Arenas, funciona desde hace años como centro comercial.
Marín se congratuló precisamente por la decisión del Constitucional en su cuenta de Twitter: "Dejo de ser un clandestino, vuelvo a ser libre, Cataluña nunca dejó de ser taurina y ahora es más que nunca.. estoy muy emocionado!!!!".
El toreo "es una historia y un arte que forma parte de la identidad de ciertos pueblos, y era totalmente aberrante que una institución política, el gobierno catalán, haya podido prohibirlo", comentó el francés Simon Casas, nuevo director de la plaza madrileña de Las Ventas.
Según la Fundación del Toro de Lidia, la tauromaquia da trabajo de forma directa e indirecta a unas 200.000 personas en España.
