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Escándalo salpica a familia real en España (Infografía GN )
Madrid. EFE y AFP. La monarquía española, debilitada por los escándalos y los problemas de salud del rey Juan Carlos , recibió ayer otro golpe cuando un juez ordenó a la infanta Cristina declarar el 8 de marzo sobre las presuntas actividades corruptas del Instituto Noós, que presidió el esposo de la imputada.
Cristina, de 48 años, hija menor del rey, fue imputada por el juez José Castro por los posibles delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Es la primera vez que un miembro directo de la familia real se ve implicado en la investigación que pesa desde el 2010 sobre Iñaki Urdangarin, de 45 años, esposo de Cristina.
Urdangarin, excampeón olímpico de balonmano reconvertido en hombre de negocios, es sospechoso, junto con su exsocio Diego Torres, de malversar 6,1 millones de euros de fondos públicos mediante el Instituto Nóos, sociedad sin ánimo de lucro que presidió del 2004 al 2006 y en cuya Junta Directiva participaba la infanta.
Esta es también copropietaria, junto con Urdangarin, de la empresa Aizóon, sospechosa de haber servido de pantalla.
El juez Castro sostiene en su auto judicial que hay indicios suficientes de que la infanta Cristina se prestó a que Aizóon “sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de delitos fiscales” y gastó fondos de la empresa, conociendo su origen ilícito.
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La infanta Cristina asistió el 20 de junio del 2003 a la celebración del cumpleaños de su padre, el rey Juan Carlos, en el palacio real en Madrid. | AFP (JUAN CARLOS HIDALGO)
Castro, que ya imputó a la infanta el año pasado, aunque un mes después le retiró esta condición , defiende que tiene la obligación de imputarla para que dé cuenta de su conocimiento de los presuntos delitos fiscales cometidos por Aizóon.
Esta sociedad habría servido para encauzar el reparto de beneficios de las actividades ilícitas del Instituto Nóos , que obtuvo fondos públicos de forma irregular cuando lo presidía Urdangarin.
El juez ve indicios claros de que la infanta Cristina participaba en la entidad a modo de “escudo frente a Hacienda”, y considera que no llamarla a declarar sería concederle un trato privilegiado.
El magistrado José Castro, de 68 años, es el primer y único juzgador que ha imputado a un miembro de la familia real.
Reacciones a decisión. Tras conocer el auto, el abogado defensor de la infanta, Miquel Roca, anunció que recurrirá ante la Audiencia de Palma la decisión del juez Castro, se mostró “absoluta y plenamente” convencido de la inocencia de Cristina y aseguró que la noticia de su imputación lo ha “sorprendido” , porque no la “esperaba” .
Por su parte, la Casa del Rey, organismo que depende directamente del monarca y tiene como misión apoyarlo en sus actividades como jefe del Estado, expresó su “ respeto a las decisiones judiciales” tras conocer la medida del juez.
En una entrevista emitida por Televisión Española (TVE) el sábado anterior, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, pedía que el juez Castro terminara pronto la instrucción de un sumario que “ lleva ya tres años largos abierto” y cuya prolongación resulta “un poco un martirio” para la Corona.
El Gobierno, por su lado, expresó respeto a las decisiones judiciales y enfatizó que no comenta las resoluciones de la Justicia, manifestaron fuentes del Ejecutivo.
La imputación de la infanta llega en el peor momento para Juan Carlos, de 76 años, quien el lunes apareció muy cansado, apoyado en dos muletas y vacilante en su discurso con motivo de la Pascua Militar , primera aparición pública tras su última operación –novena desde 2010– el pasado 21 de noviembre.
Muchos españoles, asfixiados por la crisis económica, ya se habían indignado cuando en abril de 2012 se conoció, a raíz de un accidente, que el rey Juan Carlos había realizado un costoso viaje a Botsuana para cazar elefantes .
El caso reveló un tren de vida chocante para un país con el 26% de la población activa en desempleo, y llevó al monarca a presentar unas inéditas disculpas públicas.
En un esfuerzo por limitar los daños, Urdangarin había sido apartado después de su imputación de las actividades oficiales de la familia real , que decidió publicar sus gastos por primera vez e integrar voluntariamente una nueva ley de transparencia de las instituciones, recientemente aprobada por el Parlamento.
La infanta Cristina se mudó en 2013 a Suiza con su familia por motivos laborales. Trabaja para la fundación del Banco La Caixa.
