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Principio de justicia Universal

España limita juicios por hechos cometidos en otros países

Actualizado el 28 de febrero de 2014 a las 12:00 am

Restringe acción para investigar delitos por genocidio o lesa humanidad

Oposición acusa a Parlamento de ceder a presiones ejercidas por régimen de China

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España limita juicios por hechos cometidos en otros países

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Madrid.AFP. La derecha gobernante en España utilizó ayer su mayoría absoluta para aprobar en el Congreso la limitación del principio de jurisdicción universal de la Justicia, que permitió iniciar procesos contra dictadores, pero también originó roces diplomáticos con países como China.

El texto fue aprobado con los únicos votos a favor de 180 diputados del Partido Popular (PP, derecha gobernante) y 137 en contra de todos los grupos de la oposición.

“Con la actual regulación se instruye lo que no se puede juzgar, ahora se instruirá todo lo que se pueda juzgar”, afirmó el portavoz de Justicia del PP, José Castillo.

La proposición de ley aprobada restringe las personas habilitadas para presentar querellas y pone más limitaciones para que un juez español pueda investigar un delito ocurrido fuera de España, especialmente en casos de genocidio o delitos de lesa humanidad.

El ministro   de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, impulsó  la iniciativa.  | AFP.
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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, impulsó la iniciativa. | AFP.

“No se puede seguir creando falsas expectativas”, insistió Castillo, recordando la investigación por los crímenes de la dictadura argentina (1976-1983) que llevó a cabo el entonces juez Baltasar Garzón y por los que solo se pudo condenar a un criminal que se presentó voluntariamente para ser procesado.

Castillo se refería al exmilitar argentino Adolfo Scilingo, condenado por su participación en los denominados vuelos de la muerte tras presentarse ante un juez para declarar en ese sumario.

A la apertura del sumario argentino en 1996, siguió otro por los crímenes de la dictadura chilena (1973-1991) que llevaría a la detención de Augusto Pinochet en Londres, abriendo la puerta a otros casos, incluido una instrucción contra varios exresponsables chinos por la represión en el Tíbet.

Una investigación muy criticada por Pekín después de que el 10 de febrero un juez español emitió una orden de detención internacional contra el expresidente chino Jiang Zemin.

También se permitía la investigación en caso de que se constatara algún vínculo de conexión relevante con España, un supuesto que desaparece en la proposición aprobada ayer, que la oposición achaca a las protestas chinas.

“El papel del Gobierno no puede ser más humillante: un Gobierno que se pliega a las presiones internacionales, que paga con esta ley la foto con el señor Obama, que paga con esta ley la presión de los empresarios chinos”, dijo el diputado de la izquierda Gaspar Llamazares.

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