Crece brecha entre Barcelona y Madrid por votación simbólica

Esta votación, organizada por voluntarios y carente de censo electoral y órgano supervisor, fue planteada por el presidente regional, Artur Mas, como la alternativa al referendo consultivo inicial suspendido por el Tribunal Constitucional tras un recurso del gobierno conservador de Mariano Rajoy.

Aunque en un principio Rajoy celebró como una “excelente noticia” la medida, este viernes se decidió a impugnar la nueva votación pues alega que no se ajusta a la Constitución y que carece de garantías democráticas.

Tras el Consejo de Ministros que se realizó ayer, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el acuerdo de “plantear la impugnación al Tribunal Constitucional”. La vicepresidenta precisó: “Solicitamos la suspensión de las actuaciones de la Generalitat (Gobierno catalán) relativas a las actuaciones del 9 de noviembre”.

“El Gobierno Central está actuando con abuso de poder y abuso de derecho”, respondió Mas en una comparecencia en Barcelona, al tiempo que acusó a Madrid de usar el tribunal para resolver un conflicto político y anunció acciones legales contra el ejecutivo de Rajoy.

La aceptación a trámite del recurso por parte del Tribunal Constitucional, previsiblemente la próxima semana, implicará la suspensión automática de esta votación muy esperada en esta rica región del noreste de España, donde el independentismo ha ganado mucho terreno desde el 2010.

Fue en respuesta a este sentimiento, que el antaño moderado Artur Mas se comprometió a celebrar un referendo consultivo sobre la independencia.

Mas lo convocó el 27 de setiembre, pero solo dos días después el proyecto fue suspendido por el alto tribunal. Tras dos semanas de tensión, Mas decidió dar marcha atrás en su proyecto.

Este retroceso indignó a los sectores independentistas más radicales, inclusive a su hasta entonces aliada, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) , partidaria de la “desobediencia civil”.

A cambio, Mas planteó la votación simbólica sin valor legal, pero con una relevancia política si se consigue una alta participación.

“Esta es una oportunidad para dar un paso de gigante hacia la consulta definitiva” que deberían ser unas elecciones con una lista unitaria de los partidos independentistas, explicó entonces.

Pero aunque el Gobierno catalán jugó al despiste al no convocar oficialmente la votación ni aprobar ningún documento relacionado para evitar una nueva impugnación, la reacción del Estado llegó tras un informe el jueves del Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa, muy crítico con los planes de Mas.

Dicho informe destacó que este proceso tiene “elementos idénticos” a los del referendo suspendido e, incluso, eleva “los vicios de inconstitucionalidad” de la primera votación al omitirse “algunas de las más elementales garantías constitucionales” como el censo, una órgano supervisor o la neutralidad de los promotores.

De hecho, este proceso mantenía la misma pregunta a los 5,4 millones de catalanes mayores de 16 años llamados a votar: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”.

Esta nueva impugnación agranda todavía más las distancias entre Barcelona y Madrid, sumidas desde hace dos años en la discusión sobre si Cataluña tiene derecho a decidir sobre su independencia.

Lejos de solucionarlo, esta medida del Gobierno español puede incentivar todavía más a los catalanes a responder al llamado de Artur Mas a “dar el día 9 de noviembre una gran lección de democracia y civismo” participando en el proceso.

“Se puede parar la vía gubernamental, pero la actuación de la ciudadanía es imposible porque es un ejercicio de libertad”, comentó el jurista Xavier Arbós, de la Universidad de Barcelona.

“Además, eso propulsaría el argumentario independentista. El independentismo busca la fotografía de un guardia civil arrebatando la urna o la papeleta a una jovencita inocente y encantadora”, explicó.