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Cataluña mantiene consulta independentista simbólica, pese a suspensión del Constitucional

Actualizado el 04 de noviembre de 2014 a las 08:37 am

Se realizaría el 9 de noviembre

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Cataluña mantiene consulta independentista simbólica, pese a suspensión del Constitucional

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Un manifestante ondea una bandera independentista catalana en la Plaza Sant Jaume (AP)

Barcelona

El Gobierno catalán anunció este martes que mantiene la votación simbólica sobre la independencia de la región prevista para el domingo, dijo su portavoz Francesc Homs tras la suspensión del Tribunal Constitucional a raíz de la impugnación del Gobierno español.

"El Gobierno mantiene el proceso participativo con todas las consecuencias", dijo Homs, asegurando que esta votación "es una forma de garantizar la libertad de expresión" de los ciudadanos de esta importante región del noreste de España.

"Todo está a punto para el 9 de noviembre", añadió Homs, que aun así no quiso garantizar al cien por cien la posibilidad de que los catalanes voten el próximo domingo.

El portavoz del Gobierno del nacionalista Artur Mas anunció también "la interposición de una demanda contra el Gobierno de España ante el Tribunal Supremo (...) por atentar contra el derecho de participación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad ideológica".

El Tribunal Constitucional admitió a trámite este martes el recurso presentado por el Gobierno español contra esta consulta y aprobó así por unanimidad la suspensión de todos los actos administrativos con vistas a su organización, a la espera de pronunciarse sobre su legitimidad.

El Gobierno catalán había convocado una primera consulta oficial, que el Constitucional suspendió el 29 de setiembre al admitir a trámite un recurso del Gobierno central de Madrid.

Ante este revés, el presidente catalán, Artur Mas, planteó para el 9 de noviembre una votación simbólica organizada por voluntarios, sin censo previo ni comisión electoral, para que los catalanes se pronunciaran de todos modos.

En un primer momento, el Gobierno central de Mariano Rajoy pareció no darle mucha importancia a esta consulta alternativa. Sin embargo, decidió impugnarla porque, según un informe del Consejo de Estado, no se ajusta a la legalidad ni cumple con las garantías democráticas.

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