Tu pregunta va en dos direcciones: primero, vernos con la región y luego vernos hacia adentro. En la región tenemos una de las tasas de homicidios más baja: 13 por cada 100.000 habitantes; solo nos supera Costa Rica con 11,5. No hemos tenido asaltos a bancos en los últimos años, ni secuestros extorsivos y estamos muy bajos en robo de vehículos. En el 2008 tuvimos una alerta roja porque se nos incrementó el delito y la capacidad policial para aclararlos se nos bajó. Empezamos a meter más investigadores, cerramos más temprano áreas administrativas para vigilar más las calles, retiramos armas de la vía pública y aumentamos la capacidad investigativa. Te digo, nuestra estructura de denuncias es un lujo, el 74% son faltas y delitos menores y solo el 7,3% delitos de alta peligrosidad.
A mediados de 1985, vimos con preocupación que en algunos países del norte empezaban a darse los primeros brotes de lo que hoy son las ‘maras’ y ya para 1995 tuvimos algunos indicios aquí. Vimos entonces que la palabra clave para enfrentar esto era “inclusión” porque los jóvenes en pandillas estaban excluidos de trabajo, familia y sistema de estudio. Trabajamos en dos direcciones: con labor de inteligencia, de penetración para ver si las pandillas estaban armadas o si tenían nexos con narcotráfico y simultáneamente creamos la Dirección de Jóvenes para dar prevención desde escuelas y colegios, ayudar a desmovilizar a los que están en pandillas y luego darles instrucción vocacional para ayudarlos a encontrar trabajo.
La lucha contra el narcotráfico es una pelea de David contra Goliath porque estamos en una ruta de paso de la droga de sur a norte. En la cumbre de presidentes de Guatemala, insistimos en que esto no se puede enfrentar como islas; acá, lo hemos trabajado todos los cuerpos de Policía de la región como un solo y cada vez tenemos más conciencia de ello. Estas células están más complicadas ahora que las estamos apretando. Pero mientras no se controle el consumo en el norte, es muy difícil aplacaro.
Realmente, no hay una prohibición constitucional. Cuando revisamos la situación legal del nuevo nombramiento, vimos que el presidente sí tiene facultad de nombramiento como cabeza máxima del Poder Ejecutivo. Lo que ocurre normalmente es que en la Ley 228 se establece un plazo, pero sin fijar una prohibición. Cuando se habló de mi nombramiento, hubo muchas opiniones a favor y algunos comentarios en contra. Incluso se hicieron algunas encuestas y el 84% que votó opinó a favor del nuevo nombramiento.
A nivel personal, como lo dije en el discurso de aceptación, llegué a anhelar, a desear, el retiro porque son cinco años de desgaste físico y emocional enorme, pero más que verlo de lo que me convenía a mí, lo analicé con mi consejo general. Llegamos a la decisión de que me quedaba y aceptaba el reto al margen del costo político, emocional y personal que tiene, pero consciente de que la seguridad regional es más importante en este momento. Si aplicáramos la Ley 228 letra por letra o, como algunos lo quieren leer, habría que descabezar a toda la escala de mando de la Policía Nacional.
Yo te digo no, es la seguridad de nuestros hijos, de nuestros nietos y no podemos ser irresponsables como para politizar la seguridad del país.