Tegucigalpa
Un juzgado hondureño declaró este jueves culpables de asesinato y abuso de autoridad a cuatro policías que en octubre del 2011 mataron a dos estudiantes universitarios, por lo cual enfrentarán una pena de al menos 43 años de cárcel, informó una fuente judicial.
"Por unanimidad de votos, los declaramos culpables de asesinato en perjuicio de los jóvenes Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez (...) y abuso de autoridad", afirmó la jueza Ruth Paz en la sala de juicios orales de la Corte Suprema de Justicia, en el sureste de Tegucigalpa.
De pie escucharon la sentencia los agentes José Pozo, Santos Padilla, Gabriel Marcía y Wilson Córdova.
"Se señala audiencia para la individualización de la pena el 11 de setiembre a la 01:30 de la tarde", añadió la juez.
El fiscal Juan Carlos Grifin, de la parte acusadora, dijo a la AFP que "la Fiscalía ha pedido la pena máxima y, de acuerdo al Código Penal, las penas son de 20 a 30 años de cárcel por cada caso y de tres a seis por abuso de autoridad; es decir, que serían 66 años la máxima y 43 la mínima".
En la fundamentación de la sentencia, la jueza relató que los jóvenes se transportaban la madrugada del 22 de octubre del 2011 en un vehículo en las cercanías del aeropuerto Toncontín, sur de la ciudad, donde fueron interceptados por miembros de una patrulla que los persiguieron.
Al no acatar la orden de detenerse, los policías hicieron cuatro disparos contra el vehículo, uno de los cuales impactó por la espalda a Vargas, quien era el conductor, lo que le obligó a detener el auto.
Los policías Pozo y Padilla, integrantes de la patrulla, más otros dos que andan prófugos, recibieron la ayuda de otra patrulla de la que formaban parte Marcia y Córdova y entre todos los llevaron al sur de la ciudad donde remataron a tiros a Vargas y asesinaron a Pineda.
Vargas era hijo de la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, quien con los recursos técnicos de la casa de estudios y videos de negocios probó que los homicidas de los dos jóvenes eran policías del distrito del barrio La Granja (sur).
"Hubiera preferido que estos policías no se atravesaran en la vida de nuestros hijos y todos estos meses hemos querido justicia, hemos dedicado muchísimo tiempo para poder recaudar pruebas", afirmó Castellanos manifestando su satisfacción por el fallo.
La muerte de los estudiantes llevó a la fiscalía a descubrir que sedes enteras de la policía --integrada por 14.500 agentes-- formaban parte de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el sicariato, entre otros delitos.
El gobierno inició entonces un proceso de depuración policial que, no obstante, ha sido cuestionado por su lentitud.