Tiene dos autopistas en construcción, una en el norte y otra en el sur; tiene uno de los puertos más modernos de Centroamérica; es el mercado más grande del Istmo; su inflación fue de 2,9% en el 2014 con un crecimiento del PIB de 4%.
¿De qué país hablamos?
Sí. De Guatemala, el que, paradójicamente, tiene el puesto número 5 entre los más violentos del mundo y que ocupó el último lugar de Latinoamérica en el índice de desarrollo democrático que auspicia la Fundación Konrad Adenauer .
Para el presidente Otto Pérez Molina, Guatemala, su nación, es hoy una “economía emergente”, según dijo en su discurso ante el Congreso en enero.
¿Cómo un país con cifras macroeconómicas en negro y con recursos para desarrollar infraestructura y atraer inversiones puede ser también lugar de marcada violencia y desigualdad?
La delincuencia fue responsable de 5.834 muertes en el 2014, año en que 752 mujeres murieron víctimas de violencia doméstica, de las bandas criminales con las que se involucraron o de ‘crímenes pasionales’, un eufemismo para designar una práctica brutal: una banda ve a una mujer bonita, la sigue , intenta seducirla, y si ella rechaza las pretensiones o tiene novio, la mata.
Este es el mismo país que en 1996 salió de una guerra civil de 36 años que dejó 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos.
“Durante la guerra civil (1960-1996) había blancos políticos e ideológicos de uno y otro bando; era una violencia dirigida. La violencia criminal de hoy es indiscriminada”, declara el excanciller y analista independiente Édgar Gutiérrez.
Justicia en la mira. Guatemala tuvo un nivel histórico de impunidad del 93% de los crímenes denunciados. De acuerdo con un informe del 2013 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) , dirigida entonces por el costarricense Francisco Dall’Anese, ese nivel bajó al 70% en seis años.
Esto lo corrobora Gutiérrez: “Hubo un avance en los últimos años que tuvo que ver con un Ministerio Público trabajando de la mano con la Cicig en una serie de juicios paradigmáticos. Pero a partir del 2014 los órganos de justicia sufrieron cambios, sustituciones normales, con un resultado pesimista” .
Sin embargo, Mario Polanco, director de la ONG Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) , cree que no hubo tal avance.
“Continuamos teniendo un sistema de administración de justicia corrupto. Para avanzar en un caso, es necesario obtener apoyo diplomático, de la prensa y de la población en general.
”Cuando logramos una captura, de inmediato invitamos al embajador de Estados Unidos y él llega. No dice nada, no opina, pero su presencia hace saber que su país se interesa”.
A pesar de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil, muy pocos de los que las cometieron están en prisión. “Menos de 25 policías, militares y exguerrilleros han sido puestos en prisión en estos 10 años”, advierte Polanco.
Este 2015 registrará dos juicios simbólicos: la condena a 90 años de prisión de Pedro García Arredondo por el asalto y la quema de la embajada de España , en 1980 –dictada en enero–, y el proceso al general Efraín Ríos Montt , que se inició el 5 de enero, pero se suspendió por recursos interpuestos por sus abogados.
Condenado en el 2013 a 80 años de prisión por genocidio , Ríos Montt va de nuevo juicio porque la Corte Constitucional anuló la sentencia al argumentar que hubo errores de procedimiento.
El nombre de la tragedia. La crisis que vive Guatemala tiene un nombre: corrupción, según señalan los entrevistados.
Según Polanco, 20% del presupuesto de Guatemala se pierde en las diferentes dependencias y programas. La cifra, según dijo, la dio la vicepresidenta Roxana Baldetti, a quien los medios cuestionan por el supuesto aumento de su riqueza tras llegar al poder.
Guatemala tiene “un sistema de partidos políticos financiado con el único fin de que el presupuesto se convierta en un botín y un mecanismo para hacer negocios”, dijo el lunes, en entrevista con El Periódico , Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, una ONG vinculada a Transparencia Internacional, al analizar por qué Guatemala obtuvo el último lugar en el índice de desarrollo democrático de Latinoamérica, auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer.
“Ya estamos muy cerca de llegar a la nota cero y probablemente con otro gobierno fallido en el futuro lleguemos a ese punto”.
Guatemala no ha conseguido fortalecer sus instituciones, heridas por la corrupción, y el Estado no sirve a la población, ni para garantizar sus necesidades básicas, ni su vida, amenazada por la delincuencia.
Varios gobiernos han aplicado políticas de mano dura que sacan al Ejército a las calles, sin obtener resultados sustanciales.
Las políticas de seguridad de mano dura, según Gutiérrez, pretenden un efecto mediático y procuran actuar sobre las emociones de la población postrada por la violencia, pero no están apoyadas en la institucionalidad.
No se han reconstruido órganos clave del sistema de justicia, como las cárceles, y los aparatos de seguridad se han convertido en parte del problema y no de la solución porque anidan estructuras corruptas.
El excanciller es pesimista sobre el futuro de Guatemala, cuya historia compara con la de Haití.
“¿Cómo llegó Haití al agujero en que está cuando en los años 60 era un gran exportador de azúcar, un país moderno?”.
Apoya su criterio en un estudio sobre el país caribeño que hizo el guatemalteco Edmond Mulet, subsecretario de las Naciones Unidas para operaciones de paz.
“Yo comparo y veo que Guatemala sigue la misma ruta”, insiste Gutiérrez. El camino que estamos siguiendo nos va a llevar a ser Haití”.
¿Cuál es esa ruta? “Instituciones porosas; actores que se fragmentan (empresarios, políticos autónomos, una sociedad a la que no le importa si existe un Estado); no hay autoridad; no hay control total del territorio (el narco domina algunas zonas); no hay control total de ciudades y entonces se pierde el monopolio del uso legítimo de la fuerza, del cobro de tributos y de la prestación de servicios básicos”.
Lo que más le preocupa es la salida de jóvenes educados.
“Cuando las clases medias ilustradas comienzan a emigrar, cuando se da el éxodo de jóvenes educados, se pierden las capacidades gerenciales del Estado, de las empresas, la inversión en educación, y se precipita la caída. No hay estadísticas, pero eso está pasando en Guatemala. El futuro está en otra parte”.
Marroquín lo plantea parecido: ya es tarde para hablar de reformas en Guatemala; lo que hace falta es una refundación del Estado. “Lo que hoy tenemos es un Estado capturado”.