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Senadores de los Estados Unidos enviaron ayer una carta al Secretario de Estado John Kerry preocupados por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad de Honduras, el deterioro del estado de derecho en el país, la impunidad y pidieron que evite que la asistencia de los Estados Unidos a este país llegue a los involucrados en dichas violaciones.
El Senador Ben Cardin, impulsor de la carta, dijo que “los contribuyentes estadounidenses exigen una rendición de cuentas al más alto nivel en el uso de sus recursos y particularmente para la asistencia internacional. Me he sentido consternado por noticias de violaciones flagrantes de los derechos humanos en Honduras. Debemos asegurarnos de que fondos estadounidenses no están permitiendo violaciones desenfrenadas de los derechos humanos, incluso por miembros de las fuerzas de seguridad de Honduras que actúan amparados por la impunidad”.
La Ley de asignaciones presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos requiere que el Departamento de Estado investigue y reporte si el gobierno hondureño protege el estado de derecho y también el debido proceso legal y enjuiciando a personal militar y policial respecto a quienes se tienen denuncias creíbles sobre violaciones a los derechos humanos antes del desembolso del 20% de los fondos destinados al ejército y a la policía de Honduras.
La carta firmada por 21 senadores dice que “dadas las denuncias de violencia e impunidad vinculadas a entidades del Estado en Honduras, tenemos serias dudas con respecto a la certificación del Departamento de Estado sobre el cumplimiento de estas condiciones para el año fiscal 2012”.
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Policías muestran a varios supuestos líderes de maras (pandillas) arrestados en Tegucigalpa, en julio de 2005. En este caso, la policía llevó a cabo la ‘Operación Jaula’ como parte del plan ‘Honduras Segura Fase II’ aprobado por el entonces presidente Ricardo Maduro. | AFP (ELMER MARTINEZ)
The Associated Press ha investigado y publicado en el último año denuncias de familiares sobre cómo pandilleros del 'Barrio 18' son detenidos por patrullas de la policía que transitan en camionetas sin placas durante la noche, cubren su cara con pasamontañas y cargan fusiles de alto alcance. Luego, estos grupos se llevan a las personas a las estaciones de policía y los desaparecen o son encontrados muertos en la periferia de la capital.
Pero las autoridades hondureñas no han abierto ninguna investigación al respecto.
El Congreso de los Estados Unidos retuvo en 2012 toda ayuda a la policía hondureña después de que se nombrara a Juan Carlos Bonilla como su director. Bonilla, apodado ‘El Tigre’, fue acusado por el Departamento de Asuntos Internos de la policía hondureña de estar implicado en tres homicidios y vinculado con otras 11 muertes y desapariciones forzadas. Fue juzgado y absuelto por un caso. El resto de las acusaciones nunca fueron investigadas.
El Departamento de Estado reanudó la financiación policial y dijo que el dinero sólo llegaría a unidades especiales certificadas por Estados Unidos. Este año, el gobierno de ese país ha dado $16 millones a la policía hondureña y dice que ni Bonilla ni 20 de sus subordinados directos reciben un sólo dólar de ese dinero.
No hay certeza de cuánto dinero ha dado ese gobierno a Honduras en los últimos años porque los recursos están adscritos a una iniciativa regional que involucra a otros países. En los últimos años, un estimado de $30 millones ha ido a las fuerzas policiales hondureñas.
Los senadores de los Estados Unidos que enviaron la carta al Secretario de Estado también califican el proceso de depuración de la policía, a quien incluso el propio gobierno hondureño ha señalado como “coludida con el crimen organizado” como “un fracaso decepcionante” porque “solamente una cantidad muy pequeña de agentes ha sido destituida”.
Según datos tomados de una audiencia en el Congreso celebrada en abril, sólo siete agentes de una fuerza con 13.800 miembros habían sido separados de sus puestos oficialmente y algunos de esos siete habían sido posteriormente readmitidos en la fuerza.
Honduras es el país que registra la mayor tasa de homicidios del mundo, 85,5 por cada 100.000 habitantes según el Observatorio de la violencia de la Universidad nacional y 91 por cada 100.000 habitantes según las Naciones Unidas.
