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Procurador de DD. HH. interpone recurso ante máximo tribunal

Protestas en Guatemala por reformas legales para proteger a dirigentes políticos

Actualizado el 14 de septiembre de 2017 a las 06:23 pm

Culpables por delitos penados con hasta 10 años pueden pagar fianza y evitar cárcel

El Congreso se reúne de urgencia este viernes en la tarde y podría echar marcha atrás

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Ciudad de Guatemala

Decenas de guatemaltecos iracundos salieron este jueves a las calles de la capital en rechazo a reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso, que blindan a políticos de posibles acusaciones de financiamiento ilegal y exoneran de cárcel a los autores de una serie de delitos, entre ellos violación, robo agravado y algunos casos de homicidio.

El procurador de los Derechos Humanos, Julio Rodas,  pidió el jueves a la Corte de Constitucionalidad (CC) que detenga esas modificaciones e interpuso un recurso de amparo ante la que es la máxima instancia judicial del país.

Los manifestantes, por su lado, exigieron al presidente Jimmy Morales que vete esas reformas.

Quemando monigotes que representaban a congresistas, además de colocar un ataúd y flores mortuorias frente al Congreso, los manifestantes lanzaron consignas para repudiar la acción de los diputados, la cual calificaron como un "pacto de corruptos".

"¡Están despedidos todos!", señalaba un cartel amarillo con letras negras que portaba una mujer.

El miércoles, 107 de los 158 diputados acordaron, con carácter de urgencia, que el delito de financiamiento electoral ilícito no castigue directamente a los secretarios generales de los partidos y recarga la eventual culpa a los contadores de cada organización política.

La votación ocurrió dos días después de que el Congreso rechazó un pedido de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, órgano adscrito a Naciones Unidas) para levantar la inmunidad al presidente Morales para ser investigado penalmente por financiamiento ilícito en su campaña electoral en el 2015, cuando fue candidato por el partido derechista FCN-Nación.

Morales era secretario general de ese partido durante la campaña.

Para evadir prisión. En una acción que los críticos consideraron como una maniobra para proteger al presidente y a los políticos de posibles acciones penales futuras, los legisladores avalaron por mayoría reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurra en el delito de financiamiento electoral ilícito.

Además, el Congreso aprobó otro cambio al Código Penal. Hasta ahora, un delito penado con hasta cinco años de prisión puede ser excarcelable mediante el pago de fianza, pero los legisladores ampliaron el margen para aplicar esa norma a los delitos sancionados con hasta 10 años de cárcel.

El Ministerio Público advirtió de que con la reforma quedarán al menos 400 delitos exonerados de cumplir prisión, entre ellos la extorsión, el robo agravado, algunos casos de homicidio, el peculado, la malversación, la violación y el cohecho y la pornografía infantil, entre otros.

Las modificaciones "propician la existencia de estructuras criminales", expresó en un comunicado la procuradora general, Anabella Morfin, quien instó al mandatario a vetar los cambios.

Morales, por medio de un video difundido en redes sociales, dijo que analizará las modificaciones y, de resultar "nocivas para el pueblo de Guatemala", usará el recurso del veto presidencial.

En tanto, Óscar Chinchilla, presidente del Congreso, convocó de urgencia al pleno de los diputados para que el viernes por la tarde discutan y den marcha atrás con los cambios. Agregó que llevarían a cabo un procedimiento establecido en la ley para que las reformas puedan suspenderse y archivarse definitivamente.

Aguacero de críticas. La decisión del Congreso no sentó bien en varios sectores, incluida la reacción del embajador de Estados Unidos, quien criticó duramente a los legisladores.

"¿De verdad?, ¿Urgencia nacional? ¡Qué vergüenza!, señaló el embajador estadounidense en el país, Todd Robinson, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El diplomático cuestionó a los congresistas porque, a su juicio, relegaron temas prioritarios, como atender la precaria situación de escuelas, hospitales y carreteras.

En tanto, la Cicig aseguró en las redes sociales que "el pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral ilícito".

"Las reformas fueron diseñadas para asegurar impunidad", aseguró, por su lado, la poderosa cámara de empresarios, aglutinados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Las modificaciones se hacen en medio de una crisis política luego de que Morales intentó expulsar del país al jefe de la Cicig, al exmagistrado colombiano Iván Velásquez, quien junto con la fiscalía encabezan una inédita lucha contra la corrupción y la impunidad.

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