Guatemala. AP. La magistrada Blanca Aída Stalling Dávila, de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, fue vinculada a una red de abogados y jueces que recibían sobornos para dejar en libertad a miembros capturados de una red que defraudó por varios millones de dólares al fisco guatemalteco.
Escuchas telefónicas a las cuales AP tuvo acceso, y que son parte del expediente judicial, narran cómo Luis Mendizábal, un empresario guatemalteco acusado de orquestar sobornos a jueces y quien hoy es prófugo de la Justicia, discutía con abogados y miembros de la red respecto a sobornos a una jueza para lograr que la libertad de varios presuntos defraudadores.
“Nosotros aquí estamos, al pie del cañón, no te estamos abandonando en absoluto, vos sabes. Blanca Stalling es la que está detrás y ellos (el bufete) tienen muy buena comunicación, estamos en esa”, dice la conversación telefónica entre Mendizábal y Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, uno de los cabecillas de la banda.
The Associated Press realizó varias llamadas telefónicas a Stalling para conocer su opinión sobre los hechos, pero no respondió las llamadas.
En otra conversación, Mendizábal se comunica con la abogada Ruth Emilza Higueros, quien le informa de que el bufete para el que trabaja ya tiene varios abogados trabajando en el caso “que tienen mucho conocimiento y amistades”.
El viernes, la Fiscalía detuvo a cinco abogados, entre ellos Higueros, que habrían sobornado a la jueza Marta Sierra de Stalling, cuñada de la magistrada Stalling Dávila, para que dejara en libertad a Ortiz y otras cinco personas vinculadas al caso. La Fiscalía también pidió el retiro de la inmunidad a la jueza para poder investigarla y procesarla por estos hechos.
También determinó que Sierra de Stalling conoció el caso en tiempo récord y dejó libres a tres cabecillas de la banda y a tres empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) involucrados en el caso. Argumentó que no eran funcionarios públicos.
El caso fue descubierto por la Fiscalía y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) , un organismo de la ONU que apoya a la Justicia del país.
Entre los presos figuran el titular de la Superintendencia, Omar Franco, y su predecesor, Carlos Enríquez Muñoz.
Las autoridades determinaron a través de 66.000 escuchas telefónicas la forma en que la red recibía sobornos de empresarios para evadir al fisco. Hasta el momento hay 27 personas detenidas por estos hechos.
El caso incluso le costó el puesto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien supuestamente aparece mencionada en las escuchas telefónicas, que para la Fiscalía es indicio suficiente de una posible participación.
Luego de que el Congreso aceptó la renuncia de Baldetti y esta perdió su inmunidad, las autoridades la arraigaron el sábado.
La red era liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, mano derecha y exsecretario privado de la vicepresidenta, también prófugo de la Justicia.
Stalling Dávila es magistrada vocal VIII y presidenta de la Cámara Penal del Organismo Judicial. A su cargo está el conocer asuntos judiciales que tenga que ver con todos los procesos penales del país. Su llegada a la alta magistratura junto a los 12 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia fue muy convulsionada, ya que hubo recursos legales de por medio y una gran animadversión de grupos de la sociedad civil que reclamaban que la elección de todos los magistrados estaba plagada de irregularidades.