Tegucigalpa AP. Un juez dictó arresto domiciliario y fianzas millonarias a la vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, y a otras 15 personas por venta irregular de medicamentos, un caso que ha sacudido al país y ha llevado a miles de personas a las calles para protestar contra la corrupción en Honduras.
El Ministerio Público, que exige que los encausados se defiendan en la cárcel, anunció que apelará la determinación.
Gutiérrez, su padre, dos hermanos y 12 personas más están acusados de cinco delitos relacionados con el uso indebido de documentos públicos y fraude en la venta de medicamentos al Instituto Hondureño de Seguro Social y la Secretaría de Salud.
La fiscalía ha señalado que la empresa AstroPharma, de la familia Gutiérrez, vendió al Gobierno fármacos de dudosa calidad y a precios inflados. Ellos han negado los cargos.
La Corte sancionó a Gutiérrez, de 38 años e ingeniera civil de profesión y le impuso una fianza de un millón de dólares que renovará cada año cuando el juez así lo ordene.
El presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, juez designado para conocer el caso, impuso también a sus parientes multas similares.
“Respetamos, pero no compartimos, la decisión del juez de dejar en libertad a los imputados en este caso de corrupción. La resolución es lesiva a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución”, dijo la fiscalía.
La vicepresidenta es diputada desde 2009 e integrante del gobernante Partido Nacional.
Las autoridades ordenaron el arresto domiciliario de ella y su familia, y de un grupo de sus socios, cuando miles de manifestantes mantienen protestas callejeras contra la corrupción.
El sistema de salud pública de Honduras ha estado bajo escrutinio después de que se hicieran públicas irregularidades que descapitalizaron al Instituto por más de 100 millones de dólares.
Una comisión legislativa divulgó a principios de junio un informe en el que se reveló, entre otras cosas, la compra de medicamentos sobrevalorados y defectuosos.
Además concluyó que un grupo de empresarios crearon empresas fachada y efectuaron contribuciones al Partido Nacional manejadas por el actual vicepresidente, Ricardo Alvarez.
El juicio es inusual en Honduras, donde tradicionalmente ha prevalecido la impunidad para los políticos y empresarios que han saqueado al estado mientras más del 66% de los 8,6 millones de hondureños viven en la pobreza.