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Lucha por tierras

Asesinan a otro campesino en conflictivo valle del Aguán en Honduras

Actualizado el 17 de octubre de 2013 a las 03:27 pm

Crímenes en la zona se habían detenido desde el 6 de agosto

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Asesinan a otro campesino en conflictivo valle del Aguán en Honduras

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Policías vigilan el valle del Aguán, en Honduras, en agosto del 2011.
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Policías vigilan el valle del Aguán, en Honduras, en agosto del 2011. (Archivo.)
Un campesino fue asesinado este jueves en el conflictivo valle del Aguán, en el noreste de Honduras, donde la lucha por la tierra entre agricultores y terratenientes ha dejado más de un centenar de muertos desde 2010, denunciaron fuentes del movimiento agrario.

"Esta mañana asesinaron a balazos al compañero Eulalio Martínez en una carretera de terracería entre la comunidad de Quebrada de Arena y el asentamiento La Confianza", en las cercanías de la ciudad de Tocoa, dijo el dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Yoni Rivas.

Aclaró que el cuerpo fue hallado por otros campesinos pero que nadie presenció el crimen.

Sin embargo, recordó que en esa zona, unos 600 km al noreste de Tegucigalpa, "solo hay militares y policías, por un decreto de desarme selectivo (aprobado por el gobierno), y guardias de seguridad de los terratenientes que son protegidos por ellos".

Los crímenes, frecuentes desde 2010, se habían detenido desde el 6 de agosto pasado, fecha en que fue asesinado Melvin Amaya, otro campesino de 23 años, muerte atribuida por la dirigencia del MUCA a "sicarios" de los terratenientes.

El conflicto estalló en la zona del Aguán en enero de 2010, un mes después de que miles de campesinos ocuparon vastas extensiones de tierras sembradas con palma africana que están en manos de ricos terratenientes.

Los campesinos han ocupado las parcelas a la fuerza argumentando que son sus legítimos dueños, pues el gobierno se las entregó en la década de 1980 en el marco de una reforma agraria.

En 1992, una ley permitió que esos predios fueran vendidos, y algunos dirigentes de los agricultores, a espaldas de sus bases, las cedieron a precios bajos a los terratenientes.

Para tratar de frenar los crímenes, el gobierno del presidente Porfirio Lobo emitió un decreto de desarme en la zona, donde operan también bandas delictivas y miembros de carteles narcotraficantes.

No obstante los campesinos denuncian que los más de 2.000 militares y policías desplegados en agosto del 2012 en la zona para hacer cumplir el desarme protegen a los guardias de los terratenientes.

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