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Gobierno de Nicaragua quiere controlar Internet

Actualizado el 15 de mayo de 2015 a las 12:00 am

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Gobierno de Nicaragua quiere controlar Internet

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Managua. AFP. El Gobierno de Nicaragua pretende controlar el tráfico de datos de Internet, como ocurre en países como Cuba y China, mediante una iniciativa que será presentada al Parlamento, denunció una empresa privada y la oposición de la disidencia sandinista.

“El Gobierno está cocinando un proyecto de ley de promoción y desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha para controlar el acceso a Internet por parte de los nicaragüenses”, advirtió el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS centroizquierda, opositor) en un comunicado.

El proyecto lo promueve el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) , órgano regulador estatal, que recientemente presentó el borrador del texto a la Asociación de Internet de Nicaragua .

El gobierno del presidente Daniel Ortega no se ha manifestado sobre la iniciativa.

La iniciativa, cuya copia obtuvo AFP, propone declarar “el servicio de banda ancha como servicio público básico”.

“Nos preocupa que bajo el argumento de que el servicio de banda ancha es público se pueda establecer un mecanismo de control de precios”, declaró a la prensa el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) , José Aguerri.

El proyecto plantea crear un punto de intercambio de tráfico de Internet controlado por una Empresa Estatal de la Red de Banda Ancha. Obligaría además a las empresas de Internet que operan en el país “a conectarse y permitir conexión desde y hasta sus redes a otros operadores debidamente autorizados por Telcor”.

“No queremos al Gobierno espiando nuestros mensajes e información (...), censurando páginas de Internet, cerrando perfiles de Facebook y páginas web”, alertó el MRS, integrado por disidentes del gobernante Frente Sandinista.

“Eso es algo que jamás vamos a apoyar”, dijo el presidente del Cosep, en representación de 22 cámaras y organizaciones asociadas del sector privado.

Para el especialista en derechos humanos Uriel Pineda, “la existencia de un órgano del Estado que pueda interceptar nuestras comunicaciones sin control alguno, vulnera nuestra privacidad” y la libertad de opinión y expresión, destacó en un artículo publicado en el diario ‘La Prensa’ .

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