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Asalto a Embajada de españa en 1980

Exjefe policial a juicio en Guatemala por matanza

Actualizado el 01 de octubre de 2014 a las 12:00 am

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Exjefe policial a juicio en Guatemala por matanza

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Acapulco, México.AFP. Un exjefe policial guatemalteco acusado de la muerte de 37 personas durante un incendio provocado en la Embajada de España en 1980 , enfrentará juicio por ese caso a partir de hoy, informó la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.

“Nuestro sentimiento es de alegría porque hemos tenido mucha paciencia para buscar justicia”, declaró la activista guatemalteca con lágrimas, al anunciar el inicio del juicio contra el exjefe policial Pedro García Arredondo, acusado de ordenar la matanza.

El juicio estará a cargo del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo B, la misma instancia responsable del proceso por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, acusado de una campaña de exterminio de indígenas durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.

El 31 de enero de 1980, un grupo de indígenas, campesinos y universitarios, entre ellos Vicente Menchú, padre de la activista, tomaron la sede diplomática para denunciar la represión en sus comunidades por parte del Ejército.

Rigoberta Menchú (primer plano) sale de la conferencia de prensa durante la cual se refirió ayer al inicio del juicio por la matanza de 1980.  | AP
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Rigoberta Menchú (primer plano) sale de la conferencia de prensa durante la cual se refirió ayer al inicio del juicio por la matanza de 1980. | AP

Para desalojarlos, los militares y policías quemaron la sede, donde murieron carbonizadas 37 personas, en su mayoría indígenas, en una acción considerada por grupos humanitarios como una de las peores atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas durante la guerra civil (1960-1996).

Entre los muertos están Menchú, el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres y el excanciller Adolfo Molina.

“Queremos que se nos dé la oportunidad de cerrar un capítulo que ha estado abierto por 34 años, porque estoy completamente segura de que si no cerramos las cicatrices que cargamos miles de guatemaltecos, será difícil que haya paz”, detalló Menchú, quien actuará como querellante en el caso.

Los únicos supervivientes fueron el entonces embajador español, Máximo Cajal, y el indígena Gregorio Yujá, este último rescatado con graves quemaduras y trasladado a un hospital de donde lo secuestraron y luego lanzaron su cadáver en el campus de la Universidad de San Carlos (estatal).

Cajal falleció en abril y su testimonio sobre los hechos, explicó Menchú, quedó documentado para ser presentado durante el juicio.

Pedro García Arredondo, de 70 años, enfrenta un nuevo juicio por actos cometidos durante el conflicto armado interno, luego de que en agosto del 2012 fue condenado a 70 años de cárcel por la desaparición forzada del estudiante universitario Édgar Sáenz en 1981.

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El exjefe policial dirigía el Comando Seis de la extinta Policía Nacional, y fue capturado el 24 de julio del 2011 por la desaparición de Sáenz, quien cursaba Agronomía en una universidad estatal.

García fue condenado a 40 años por el delito de desaparición forzada y a 30 años por delitos contra la humanidad.

En el proceso por el incendio en la Embajada española, García será procesado por asesinato y delitos contra derechos humanos, indicó Manuel Sic, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú.

Flores, frutas y 37 velas blancas fueron colocadas en un jardín de la sede de la Fundación que lleva el nombre de la Premio Nobel, en el norte del centro histórico capitalino, como un altar recordatorio de las personas fallecidas en el asalto a la sede diplomática.

“37 víctimas asesinadas el 31 de enero de 1980 en la masacre de la embajada de España”, se leía en una pancarta negra con letras rojas con el nombre de los fallecidos, seguido por la frase “Nunca más, delitos de lesa humanidad”.

Un informe de la ONU presentado en 1999 señaló que la guerra civil guatemalteca dejó un total de 200.000 muertos y desaparecidos, y responsabilizó de 93% de las violaciones de derechos humanos a las fuerzas del Estado, 3% a la guerrilla y sin identificación al resto.

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