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Empresarios de Honduras acuerpan a empresa investigada por asesinato de ambientalista

Actualizado el 14 de julio de 2017 a las 05:07 pm

La cúpula de los empresarios hondureños salió este viernes en defensa de una compañía a la que la misión de la OEA contra la corrupción investiga por el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres.

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Un mural en la ciudad hondureña de La Esperanza recuerda a Berta Cáceres, quien vivía allí. (AFP)

Tegucigalpa

La cúpula de los empresarios hondureños salió este viernes en defensa de una compañía a la que la misión de la OEA contra la corrupción investiga por el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres.

El secretario ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, dijo en rueda de prensa que la misión de la OEA incita al "desprecio" del sector privado y "si hay alguien que cometió un delito, que vaya al Ministerio Público y presente las pruebas".

El jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el peruano Juan Jiménez Mayor, declaró el jueves que investigan a funcionarios públicos y socios de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por el asesinato de Cáceres y la aparente asignación de concesiones y contratos al margen de la ley a esa empresa.

El secretario de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CIT), Rafael Medina, afirmó que Jiménez Mayor ha señalado "nombres y la empresa como si fueran responsables de esa muerte".

Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 3 de marzo del 2016 aunque tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las supuestas amenazas de DESA.

La dirigente se oponía a la construcción de un proyecto hidroeléctrico de DESA en el río Gualcarque, en territorio de indígenas lenca.

DESA dijo en un comunicado que rebatirá a "las irresponsables hipótesis" de la MACCIH.

Jiménez Mayor aseguró también que el actual fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar, cuando se desempeñaba como ministro del Ambiente, otorgó la licencia ambiental a DESA sin hacer la consulta a los indígenas como señala la convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Posteriormente, el viceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Roberto Cardona, actualmente detenido por su papel en el caso, firmó una ampliación del permiso.

 Cuéllar envió este viernes una nota a Jiménez Mayor en la que asegura que "nunca" firmó la licencia. "Manifiesto mi anuencia a colaborar con las investigaciones", subrayó.

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