Cicig avala impuesto para fortalecer la justicia en Guatemala

Iván Velásquez, a cargo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dijo que el rechazo a la corrupción que se registra en el país abre la posibilidad de crear “un impuesto especial y transitorio de vigencia temporal limitada, para fortalecer al Ministerio Público en su capacidad investigativa y de cobertura territorial y también al organismo judicial”.

Velásquez recordó que, en la época del conflicto armado en Guatemala (1960-1996), se creó un impuesto para financiar la parte operativa de los acuerdos de paz y que es momento de pasar del discurso anticorrupción a la acción.

Según el informe Un camino para la justicia , elaborado por varias organizaciones, incluida la Cicig, creada por Naciones Unidas, se requieren más de $1.380 millones para mejorar la situación del sistema judicial hasta el año 2023.

“Sería un impuesto de solidaridad con la justicia; se trataría de un impuesto a grandes patrimonios”, explicó Velásquez. Señaló que es vital invertir en la justicia pues “eso mostraría que hay voluntad de combatir la impunidad en el país”.

Industriales se oponen. El representante de la Cámara de Industria, Javier Zepeda, dijo que si bien el sector empresarial coincide con la idea de fortalecimiento el sector, no es el momento para hablar ni de incrementar impuestos ni de fijar nuevos tributos.

“Antes de pensar en impuestos, el país necesita continuar el proceso de recuperación de confianza de la ciudadanía y de los que pagamos impuestos”, dijo Zepeda. “La situación del país requiere una continuidad de mejoras del manejo de recursos, de optimización del gasto”, afirmó.

Velásquez dijo que para el combate a la impunidad es importante un aparato de investigación fuerte, y que todo el Estado desde el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad, deben contribuir.

Zepeda cree que el tema le compete al Ministerio de Finanzas. “Este es un momento de transición; también habría que ver que dice el próximo presidente”, opinó el empresario.

De acuerdo con el documento, de cada quetzal –la moneda nacional– recaudado en impuestos, solo 65 por centavos llegan al Estado y el resto se pierde en actos de corrupción.

El país centroamericano vivió, en abril, una ola de protestas de miles de ciudadanos que salían a las calles para exigir el fin de la impunidad y un alto a la corrupción. Estas culminaron con la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.

Jonathan Mencos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, dijo que el Estado invierte solo el 1,5% del producto interno bruto en la justicia, por lo que “la oferta de servicios de justicia es insuficiente”.

Según Mencos, en Guatemala hay 5,7 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en Latinoamérica es de 11 por cada 100.000 habitantes. La Fiscalía solo tiene una cobertura del 10% ciento del territorio nacional.

Indicó que un impuesto extraordinario para la justicia es viable y es una bandera que podría asumir el presidente electo, Jimmy Morales, quien asumirá el cargo el 14 de enero.

Además de la corrupción, Guatemala afronta la violencia generada por pandillas y narcos, que mantienen el país con una tasa de homicidios de 34,3 por cada 100.000 habitantes.