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Hay que proteger derechos de campesinos, señala

Amnistía Internacional pide una moratoria de proyecto de canal en Nicaragua

Actualizado el 03 de agosto de 2017 a las 01:01 pm

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Amnistía Internacional pide una moratoria de proyecto de canal en Nicaragua

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La exactriz nicaragüense Bianca Jagger denunció el jueves 3 de agosto del 2017, en Managua, agresiones de las autoridades a quienes se oponen a la construcción de un canal en ese país. (AFP)

Managua

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) instó este jueves a Nicaragua a declarar una moratoria del proyecto de canal interoceánico que, según afirmó, amenaza con expropiar a miles de campesinos, lo que constituye  un irrespeto "inaceptable" a sus derechos.

El Gobierno nicaragüense debe "adoptar una moratoria en la implementación de cualquier aspecto u obra del proyecto del gran canal hasta que se establezcan salvaguardas legales y procesales" para las comunidades instaladas en la la ruta de la vía, dijo el organismo en un extenso informe divulgado este jueves en Managua.

La investigación, titulada Peligro: derechos en venta, fue presentada por la Fundación de Derechos Humanos que preside la activista nicaragüense residente en Europa Bianca Jagger, quien se encuentra de visita en el país.

La AFP intentó obtener una reacción del vocero de la Comisión del Canal, Telémaco Talavera, sobre el informe, pero no obtuvo respuesta.

A juicio de AI, la suspensión permitiría a las autoridades nicaragüenses renegociar el acuerdo de concesión del canal a la empresa china HKND, aprobado en junio del 2013, y derogar o reformar la ley canalera sobre la base una amplia consulta que garantice la "integridad ambiental y brinde protección contra desalojos forzosos".

Preocupa, además, lo poco que se sabe públicamente sobre "el desarrollo del proyecto y la búsqueda de financiamiento", afirmó la directora para las Américas de AI, Érika Guevara, durante la presentación del informe.

El canal prevé desplazar a entre 30.000 y 120.000 campesino,s y expropiar 2.900 kilómetros cuadrados de tierra del sur del país.

Grupos ambientalistas han alertado sobre un "severo" daño al entorno.

El proyecto ha provocado más de 90 protestas campesinas, algunas de las cuales han sido reprimidas por el gobierno, y más de 30 recursos de inconstitucionalidad han sido rechazados por los tribunales.

Campesinos y policías se encararon el 22 de abril del 2017 en el puente La Tonga, en la entrada a la ciudad de Juigalpa. (AFP)

AI elaboró el informe tras dos visitas realizadas en el 2016 a la zona del proyecto y entrevistas a dirigentes sociales y a científicos. El gobierno se negó a atender a la delegación de la asociación basada en Londres.

Poca luz sobre proyecto. El organismo cuestiona "el oscuro marco jurídico que condujo" a Nicaragua a conceder al empresario chino Wang Jing, dueño de HK Nicaragua Development Investment (HKND), los derechos para construir y operar un canal de 278 km de largo, que competiría con el de Panamá, por un plazo de 50 años prorrogables hasta 100.

La excavación de la vía, que atravesaría el lago de Nicaragua, la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica, se encuentra paralizada a la espera de estudios técnicos, entre ellos el diseño de las esclusas, dijo en junio HKND.

La construcción del megaproyecto, que costaría $50.000 millones, comenzó  en el 2014 y estaba proyectado que concluyera en el 2020.

En el 2015, Wang perdió gran parte de su fortuna de $10.200 millones, según la agencia Bloomberg, y algunos medios internacionales especularon con que el proyecto del canal habría sido descartado.

Sin embargo, AI recordó  que la ley de concesión sigue vigente y pone en riesgo los derechos "de cientos de miles de personas" en medio de "una silenciosa penumbra".

El organismo también critica el secretismo que rodea el proyecto y la decisión de las autoridades de aprobar la concesión "sin tener certeza de (el destino de) las comunidades" que serían afectadas.

"Algunas de las comunidades entrevistadas señalaron que se enteraron del proyecto" en el 2014, cuando representantes de HKND, acompañados por policías y soldados, llegaron a medir sus terrenos, señaló el informe.

Advirtió de  de la "entera discreción" que tiene el gobierno para expropiar los terrenos que necesite HKND para las obras, sin derecho a apelar y a cambio de una indemnización "desventajosa" para los propietarios con títulos.

"La concesión potencialmente podría incluir la expropiación de cualquier parte del país", indicó el estudio.

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