EscucharAnkara
La tensión entre el Gobierno turco y la justicia se convirtió en guerra abierta este viernes, cuando el Parlamento analizaba la controvertida propuesta de ley para reforzar el control político sobre el sistema judicial, en pleno escándalo político-financiero.
A unas horas de que una comisión parlamentaria comience a examinar este texto, el Alto Consejo de los Magistrados (HSKY), una de las principales instituciones judiciales del país, denunció las intenciones "inconstitucionales" del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan.
"La propuesta es contraria al principio del Estado de derecho", consideró el HSKY en un comunicado.
"Con esta enmienda, el Alto Consejo debe rendir cuentas al ministerio de Justicia. Esta enmienda es contraria a la Constitución", añadió la institución, encargada especialmente de nombrar a los magistrados.
Este proyecto, redactado por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), en el poder, amplía la composición de esta institución y da al ministro de Justicia la última palabra sobre el nombramiento de magistrados en instituciones clave como la Corte Constitucional.
El texto será votado a partir de la semana que viene en el Parlamento, donde el AKP goza de una amplia mayoría.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/X5IXWL3LKFHMZGJ2M6OKRTAWSI.jpg)
El Ministerio de Interior turco ha relevado a unos 350 policías de Ankara, en lo que parece una nueva vuelta de tuerca del Ejecutivo en su lucha contra la Judicatura. (EFE:)
Tras la redada anticorrupción del pasado 17 de diciembre, esta iniciativa supone el último intento de los islamistas moderados en el poder de controlar la justicia, ante la investigación anticorrupción por la que se ha visto salpicado.
Las investigaciones anticorrupción dirigidas desde la fiscalía de Estambul condujeron a la encarcelación de una veintena de hombres de negocios y de personalidades cercanas al poder por corrupción, fraude y blanqueamiento, y provocó la dimisión de tres ministros y una amplia remodelación del Gobierno.
Erdogan sospecha que en la policía y la justicia están infiltrados miembros de la cofradía musulmana del predicador Fetulá Gülen, en guerra abierta contra él, cuando quedan unos meses de las elecciones municipales de marzo y las presidenciales de agosto.
En las últimas semanas, el Gobierno de Erdogan llevó a cabo unas purgas sin precedenes en la alta jerarquía de la seguridad nacional, y varios magistrados fueron trasladados o declarados incompetentes, lo que suscitó muchas reacciones judiciales contra las presiones del Gobierno.
La reforma judicial también fue denunciada por sus socios europeos. "Un duro golpe a la independencia de la justicia en Turquía", dijo el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks.
Washington también mostró el jueves su preocupación por el giro de los acontecimientos y recordó su apoyo al deseo del pueblo turco de tener un sistema judicial justo y transparente.
Además de las consecuencias sobre la divisa nacional y los mercados financieros, la tormenta político-judicial que golpea a Turquía amenaza también el futuro de Erdogan, a la cabeza del país desde 2002.
