Pekín. EFE. El Gobierno chino inició este martes una purga de supuestos responsables de la tragedia ocurrida el 12 de agosto en una terminal de contenedores del puerto de Tianjin, en el norte del país, tanto en la compañía propietaria del almacén como en la administración.
Sin que aún haya sido revelado oficialmente qué provocó las dos deflagraciones, que dejaron 114 muertos y 57 desaparecidos , las autoridades chinas han decidido empezar a señalar a posibles culpables.
Lo primero en salir a la luz este martes fue que una decena de directivos de la compañía propietaria del almacén Ruihai International Logistics están bajo custodia policial, entre ellos, el presidente, Yu Xuewei, y el vicepresidente, Li Liang, según un diario de Tianjin.
Sin embargo, el organigrama de la compañía es controvertido, ya que, según la revista financiera Caijing , el que la “controla realmente” es Dong Mengmeng, hijo del exdirector de la Oficina de Seguridad Pública del Puerto de Tianjin.
Además, la empresa operó durante meses sin la documentación necesaria para manejar productos químicos peligrosos , como es el caso del cianuro de sodio que almacenaban los contenedores, según reveló este martes la agencia oficial Xinhua.
El escándalo también salpicó a las autoridades locales: el Diario del Pueblo , portavoz del Partido Comunista (PCCh) , informó de que varios funcionarios de rango medio de Binhai, el distrito portuario de Tianjin, están siendo investigados por sospechas de que aceptaron sobornos.
No obstante, el anuncio más inesperado vino después, cuando el Gobierno chino reveló que empezó una investigación contra el responsable de Seguridad Laboral del país, Yang Dongliang, por “violaciones de disciplinas”, eufemismo para referirse a la corrupción, sin vincularlo con lo sucedido en Tianjin.
Fue en esa ciudad donde Yang vio dispararse su carrera profesional en las pasadas décadas, desde su inicio en una firma de productos químicos en 1994 hasta su etapa como el máximo jefe del PCCh en la urbe portuaria entre el 2007 y el 2012.
Yang había participado hasta el lunes en reuniones del Consejo de Estado para dirigir las tareas de rescate y la investigación del desastre, informó este martes Xinhua, y también estuvo presente en el lugar de los hechos.
El Consejo de Estado anunció este martes que ha establecido un equipo, encabezado por el viceministro de Seguridad Pública, Yang Huanning, para determinar responsabilidades y definir “la gravedad y naturaleza del accidente”, y que “castigará severamente a los responsables”.
También el Tribunal Supremo anunció la puesta en marcha de una investigación para averiguar si hubo negligencias.
Escepticismo. Ambos anuncios, así como las detenciones, se producen entre el clamor de la sociedad y de los familiares de las víctimas para saber lo ocurrido, en un país con gran desconfianza hacia la gestión estatal de las catástrofes, tras experiencias como la del terremoto de Sichuan (2008) o el desastre del tren bala de Wenzhou (2011).
En ambos casos, la gestión del Gobierno chino fue muy criticada, y en el segundo, la población llegó a pensar que estaba ocultando la cifra de fallecidos.
Años más tarde, salió a la luz una red de corrupción en el sector ferroviario, que acabó con la condena a muerte del ministro de Ferrocarriles, Liu Zhijun.
No sería la primera vez, por tanto, que el Gobierno busca un chivo expiatorio en medio de fuertes presiones sociales para saber qué ocurrió en la terminal y de un gran temor a que se produzca una catástrofe ambiental en uno de los puertos más activos de China.