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Hechos de 1971

Bangladesh ejecuta en la horca a líder islamista por masacre

Actualizado el 12 de abril de 2015 a las 12:00 am

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Personal de seguridad monta guardia fuera de la prisión Central donde Mohammad Qamaruzzaman, secretario general adjunto del partido Jamaat-e-Islami estaba por ser ejecutado, poco antes de las 12 de la noche de este sábado. (AP)

DaccaAFP Un líder islamista bangladesí murió este sábado en la horca tras ser declarado culpable de una masacre cometida en 1971, durante la lucha por la independencia contra Pakistán, informaron fuentes oficiales.

Cuatro reos especialmente entrenados condujeron al prisionero Mohamad Kamaruzzaman al patíbulo y le pasaron la soga al cuello, siguiendo el procedimiento habitual en las cárceles de ese país. Centenares celebraron el ahorcamiento.

Kamaruzzaman es la tercera figura más importante del partido Jamaat-e-Islami. Fue juzgado y condenado por secuestro, tortura y asesinatos en masa como líder de una milicia propaquistaní que mató a miles de personas durante esa batalla por la independencia.

Según los cargos, Kamaruzzaman ordenó personalmente la masacre de al menos 120 campesinos desarmados en la aldea de Sohagpur en 1971.

Kamaruzzaman, de 62 años, es el segundo islamista colgado por crímenes de guerra a causa de su lucha para evitar la independencia bangladesí de Pakistán. Fue precedido por Abdul Quader Molla, el cuarto líder en importancia de Jamaat-e-Islami, quien fue colgado en diciembre de 2013.

Jamaat-e-Islami se alineó en el conflicto con el régimen de Pakistán, del que Bangladesh era la región oriental y del que se independizó con apoyo de la India tras nueve meses de cruenta contienda en la que perdieron la vida tres millones de personas según fuentes oficiosas.

Kamaruzzaman, que apenas había superado la mayoría de edad cuando comenzó el conflicto, estaba acusado de crear una milicia de apoyo al Ejército paquistaní llamada Al Badr (Luna Llena, en árabe) que cometió graves crímenes.

En concreto a Kamaruzzaman se le condenó por ser “cómplice” del asesinato de más de un centenar de personas y de la violación de mujeres en Sohagpur, aldea conocida hoy como “la aldea de las viudas”.

El fallecido, que se licenció en Periodismo tras la guerra y ejerció el oficio, estaba considerado un intelectual de la formación islamista y había abogado por una renovación interna del JI, con el objetivo de sortear el acoso judicial que sufre actualmente.

Su muerte llega después de que un tribunal especial de crímenes de guerra lo condenara en mayo de 2013 y de que el Tribunal Supremo (TS) ratificara ese veredicto en noviembre del año pasado.

La ONU, la Unión Europea o la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) pidieron al Gobierno de Bangladesh en los últimos días revocar la decisión de ejecutar a Kamaruzzaman y que introdujera una moratoria en la aplicación de la pena capital, algo a lo que Dacca se ha negado rotundamente.

HRW criticó además que los juicios “hayan estado plagados de persistentes alegaciones creíbles sobre la existencia de violaciones en el proceso” que hubieran requerido de una revisión judicial imparcial.

En los últimos dos años, la Justicia bangladesí ha dictado 17 sentencias de muerte, cadenas perpetuas y otras condenas contra ancianos dirigentes islamistas y de la principal fuerza opositora, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), implicados en crímenes de guerra.

Esta ofensiva judicial ha desatado protestas violentas que se han cobrado la vida de decenas de personas.

El conflicto de 1971 y la memoria histórica son elementos centrales en la narrativa del actual Gobierno de la primera ministra, Sheij Hasina, que impulsó los tribunales especiales de guerra hace un lustro tras una promesa electoral.

En realidad un acuerdo entre la India, Pakistán y Bangladesh permitió al poco de la independencia bangladesí el regreso seguro a territorio paquistaní de dos centenares de mandos militares de ese país que sancionaron ejecuciones y otras atrocidades.

Y el castigo a los responsables locales ha sido un tira y afloja durante décadas dado que la escena nacional está dominada por las herederas de dos dinastías políticas con visiones diametralmente opuestas para este propósito.

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