La huelga iniciada el viernes por la noche bloqueó a unos 300.000 pasajeros en los aeropuertos, justo cuando miles de españoles se disponían a irse de vacaciones aprovechando los cinco días festivos del puente de la Constitución, el más largo del año.
Los controladores serán sometidos durante 15 días a la autoridad del Ejército y se abrirá una investigación judicial.
“Vamos a aplicar la ley con firmeza y con determinación”, advirtió el sábado el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Este bloqueo “no va a volver a pasar, ni durante las Navidades ni después”, aseguró Rubalcaba, en referencia a una posible huelga de pilotos anunciada para fin de año.
Después de decretar el "estado de alarma", los controladores volvieron rápidamente a sus puestos de trabajo. El tráfico aéreo se reanudó progresivamente.
Ayer por la mañana, miles de pasajeros esperaban en los vestíbulos de embarque de distintos aeródromos, como en el aeropuerto de Madrid-Barajas, aliviados por el final de conflicto pero furiosos con los métodos de los controladores.
El conflicto que estalló este fin de semana se incubaba desde hacía varios meses atrás.
El gobierno español intentaba limitar las ventajas salariales que tienen los 2.300 controladores aéreos españoles.
Para el diario
Esta situación podría resultar beneficiosa para el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hundido por la crisis y con unos índices de popularidad muy bajos.
El gobierno “va a adoptar duras medidas contra los controladores. Sabe que son una exigencia de la calle, indignada por los enormes perjuicios que ha causado su huelga salvaje”, publicaba ayer
“Zapatero, acosado por la crisis financiera, fue sorprendido por la huelga salvaje. La reacción del presidente fue fulminante: mano de hierro cueste lo que cueste”, resumía el periódico.
El gobierno español anunció este domingo que el ministro de Fomento, José Blanco, no asistirá al congreso mundial de tren de alta velocidad que se celebrará la próxima semana en China debido al conflicto aéreo.