Uruguay recibió “sin sorpresas” la sentencia de la Corte que lo obliga a dejar sin efecto la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado –que deja en manos del Gobierno la decisión de qué casos de violaciones de los derechos humanos en la dictadura pueden juzgarse–, dijo el funcionario.
“Esta sentencia era previsible desde el momento en que, por vía de distintos instrumentos legales, fundamentalmente de la ley de reparación de las víctimas del terrorismo de Estado de 2009”, el Estado “reconoció su responsabilidad sobre la comisión de los delitos de lesa humanidad y los crímenes violatorios de los derechos humanos”, dijo Conde en la primera reacción oficial a la sentencia de la Corte, difundida el jueves.
Conde admitió que Uruguay tendrá que hacer frente “a esta enorme contradicción jurídica” que implica contener en su derecho interno una norma como la Ley de Caducidad, que choca con los compromisos que el país ha firmado en el campo del derecho internacional humanitario.
Es cierto que la ley “viola el derecho de las víctimas a la protección, al amparo judicial y a la asistencia de la justicia, y hace que Uruguay viole sus compromisos internacionales”, dijo.
“En estos días, se anuncia que el Parlamento podría eliminar esa norma. Si así fuera, estaríamos dando cumplimiento total a la sentencia”, añadió el vicecanciller.
El gobernante Frente Amplio presentó el año pasado al Parlamento un proyecto para declararla inaplicable, y está pendiente de aprobación. El proyecto ha estado rodeado de polémica dado que la cuestionada ley de amnistía fue ratificada en dos plebiscitos en los últimos 21 años; el último, en 2009.
La CIDH falló en relación al caso de la argentina María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman, detenida en Buenos Aires en 1976 estando embarazada y trasladada clandestinamente a Uruguay, donde desapareció tras dar a luz a una niña. La menor, Macarena Gelman, fue entregada ilegalmente a la familia de un oficial uruguayo.
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