“Cualquier agresión violando (sic) el principio de seguridad jurídica a Repsol será tomada como una agresión por España, que tomará las reacciones que crea oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
El canciller español comunicó la posición al embajador argentino, Carlos Bettini, a quien convocó antes de una rueda de prensa, en la que recordó que “YPF es importante para Repsol y Repsol es importante para España”.
El malestar existente desde hace varias semanas entre dos países de relaciones tradicionalmente cordiales, ha degenerado en un conflicto diplomático que llevó a la Comisión Europea a intervenir ayer para instar a Argentina a “proteger las inversiones extranjeras en su territorio”.
La Comisión Europea ya se puso en contacto con Buenos Aires por el asunto y “es un tema que se va a tratar por países que también tienen inversiones en Argentina” en la Cumbre de las Américas, según García-Margallo.
La discordia es por una eventual recuperación del control por parte del Estado argentino de YPF, filial de Repsol en un 57,4%.
“El objetivo del Gobierno es lograr el autoabastecimiento de petróleo. Analizamos cada una de las concesiones y el cumplimiento de los contratos. Cuando eso no ocurre, se revierten las áreas”, dijo el ministro argentino de Economía, Hernán Lorenzino, sin hacer mayores comentarios sobre el caso YPF.
“Toda esta serie de acontecimientos, además de crear una cierta incertidumbre que hace imposible el desarrollo normal de un negocio, determinó una depreciación de las acciones de un 40%”, detalló García-Margallo. Las acciones de Repsol cayeron ayer en la Bolsa de Madrid un 2,73% a 17,47 euros.
La filial argentina de la empresa española genera dos tercios en la producción de crudo de Repsol (62%) y casi la mitad de sus reservas (1.000 millones de barriles de un total de 2.200 millones).
Ayer, por la mañana, en Madrid, el grupo aseguró que no tenía “ninguna información” sobre una posible toma de participaciones del Estado argentino de su filial, y García-Margallo insistió en que no tiene constancia de que ese plan haya llegado al Parlamento argentino.
El Gobierno de Buenos Aires y las provincias productoras de petróleo responsabilizan a la empresa de no cumplir compromisos de inversión y señalan que eso obliga al país a importar grandes volúmenes de hidrocarburos.