Bangkok
Decenas de miles de policias tratarán de garantizar el domingo la celebración de las elecciones legislativas de Tailandia, que los opositores se proponen boicotear asediando las oficinas de voto para impedir una victoria del partido en el poder.
Los expertos advirtieron ya que estos comicios tienen pocas probabilidades de poner fin a las reiteradas crisis de esta frágil democracia del sudeste asiático o de apaciguar a los enemigos de la primera ministra, Yingluck Shinawatra, y de su hermano Thaksin, ex jefe de gobierno derrocado por un golpe de Estado en 2006.
Los opositores, en la calle desde hace tres meses, temen que las elecciones prolonguen la permanencia en el poder político de la familia Shinawatra, acusada de haber instaurado un sistema de corrupción generalizado en su propio beneficio.
Una nueva victoria del partido Puea Thai parece segura, puesto que la principal organización opositora, el Partido Demócrata, que no ha ganado elecciones legislativas en más de 20 años, ha decidido boicotear los comicios.
"Tailandia parece encontrarse en un permanente estado de conflicto y no veo ningún fin en el horizonte", comentó Sunai Phasuk, de la ONG Human Rights Watch.
Los manifestantes, que ocupan los principales puntos de la capital, quieren reemplazar al gobierno por un "consejo del pueblo" no electo.
También acusan a Yingluck de ser una marioneta de su hermano, exiliado para escapar a una pena de cárcel por malversaciones financieras. Un proyecto de ley de amnistía que hubiera permitido su regreso desencadenó la crisis, a fines de octubre.
En ausencia de los demócratas, 53 partidos se enfrentarán el domingo, luego de una campaña casi inexistente en medio de una crisis que dejó al menos diez muertos.
A pesar del estado de urgencia vigente en Bangkok, el líder de los manifestantes, Suthep Thaugsuban, pidió a sus partidarios que hagan todo lo posible para bloquear los comicios, como el domingo pasado durante el voto anticipado.
Unos 129.000 policías serán desplegados en todo el país para proteger las urnas y custodiar los 93.500 locales de votación, con la esperanza de impedir que se reproduzca la situación que ese día impidió votar a cientos de miles de electores.