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Proyecto de empresa canadiense

Soldados toman región en Guatemala por lío minero

Actualizado el 02 de junio de 2013 a las 12:00 am

Habitantes alegan que minería dañará las fuentes de agua en la zona

Con el respaldo de gobierno de Otto Pérez, firma niega impacto ambiental

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Soldados toman región en Guatemala por lío minero

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                         Los soldados vigilaban el 2 de mayo una calle en San Rafael. | AP.
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Los soldados vigilaban el 2 de mayo una calle en San Rafael. | AP.

San Rafael Las Flores. AP. Los vecinos de la mina de plata de San Rafael casi no salen de sus casas por temor a los soldados y los policías que, fusil en mano, vigilan la ciudad en esta región montañosa, llena de vegetación. La plaza central de San Rafael Las Flores, tradicional sitio de reunión de la comunidad, luce desierta.

Los soldados y el miedo gobiernan esta región, cuyos residentes, la mayoría de ellos indígenas de la etnia xinca, todavía recuerdan los terribles días de la guerra civil de tres décadas. La presencia militar esta vez obedece a los planes que tiene la firma canadiense Tahoe Resources Inc., de Vancouver, para explotar lo que dice es uno de los cinco depósitos de plata más grandes del mundo.

Algunos manifestantes creen que el proyecto, llamado El Escobal, acabará con las fuentes de agua o contaminará ese recurso y cientos de personas han bloqueado carreteras y quemado edificios para tratar de impedir el proyecto.

La empresa y sus defensores rechazan las acusaciones y dicen que la mina generará empleos y decenas de millones de dólares para el gobierno local y las comunidades.

Andrés Dávila, coordinador de comunicaciones corporativas de la mina, dijo que el metal será extraído con un proceso en el que el mineral es pasado por agua. Se emplea la sustancia química catalizadora cianuro de zinc, que según Dávila “no es arrojada a los ríos porque se vuelve a usar en el mismo sitio”.

“La mitad de los empleados son de San Rafael y el 95% son guatemaltecos”, afirmó Dávila.

Lío para Gobierno. La disputa es un duro reto para el presidente Otto Pérez Molina, quien envió cientos de soldados y suspendió el derecho a realizar reuniones públicas en cinco pueblos próximos a la mina a principios de mayo . Fue la segunda vez en los 16 meses que lleva en el gobierno en que declaró un estado de sitio para hacer frente a protestas contra proyectos mineros.

La represión de las protestas hizo que su gobierno conservador fuese acusado de favorecer a los inversionistas extranjeros por sobre las comunidades locales.

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Activistas dicen que los problemas en la mina comenzaron en 2007, cuando el propietario de entonces, la Goldcorp Inc. de Canadá, vino a San Rafael con licencia para explorar. En 2010 la mina fue vendida a Tahoe Resources.

“Desde entonces, los problemas se agravaron”, comentó Óscar Morales, presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario.

Morales sostuvo que una consulta de 4.222 adultos de ocho comunidades reveló que casi la totalidad se oponía. Quiere hacer otra consulta de cumplimiento obligatorio, pero los gobiernos municipales se niegan a convocarla.

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