A su vez, el general Orlando Páez, jefe operativo de la Policía Nacional, aseguró que “prácticamente el país está blindado, en especial las sedes políticas y las sedes electorales en las regiones, en un vasto programa de seguridad por las elecciones dentro del Plan Democracia”, que involucra unos 300.000 policías y militares en todo el país.
Pérez agregó que se sumaron otros 350 agentes al esquema de protección de los nueve aspirantes a la presidencia y sus respectivas fórmulas vicepresidenciales, custodiados por unos 500 policías.
Santos, del oficialista Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U), y el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, del Partido Verde, disputan el primer lugar en las preferencias electorales –de acuerdo con distintos sondeos– para erigirse como el próximo mandatario para el período 2010-2014.
El candidato de la U, un economista de 58 años, es visto como quien desde el Ministerio de Defensa (julio 2006 a mayo 2009) estuvo al frente de las más exitosas operaciones militares contra las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero también carga el lastre de escándalos como el que estalló en 2008 sobre ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del Ejército, que presentaba luego a las víctimas como guerrilleros o criminales abatidos en choques armados, en una acción bautizada luego como “falsos positivos”.
“Nosotros no nos inventamos los falsos positivos. Los acabamos”, aseveró Santos en una entrevista con la radio Caracol.
“Nadie ha negado que el problema existió, que los culpables sean condenados”, agregó Santos, quien ve cómo algunos de sus contrincantes lo critican por su presunta responsabilidad en el caso.
La Fiscalía General lleva al menos 1.200 investigaciones por denuncias de ejecuciones de 2.300 víctimas. Sobre Santos no hay ninguna averiguación pendiente.
El exministro recordó que fue su gestión la que ordenó medidas como el pase a retiro de 27 militares, entre ellos tres generales, a fines del 2008, por presunta responsabilidad, por omisión o acción, en los falsos positivos.
El no gubernamental Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) asegura que tras la purga militar del 2008 cayó el número de presuntas ejecuciones. En 2009 se reportaron siete casos con 16 víctimas. En 2007 fueron 289 casos con 349 víctimas.