San Salvador. AFP. El Gobierno salvadoreño inició el camino para proscribir a las pandillas que el domingo mataron a 18 personas, en dos atentados contra microbuses del transporte colectivo.
Preocupado ante la “más cruel expresión” de las pandillas o maras, el presidente Mauricio Funes, luego de afirmar que “la violencia se combate con represión”, ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia elaborar un proyecto de ley para castigar con fuerza la pertenencia a estos grupos.
Funes, quien había abanderado un tolerante esquema preventivo para evitar el crecimiento de las pandillas, integradas por unos 20.000 miembros, cree que la ley de criminalización que permitirá “considerar como delincuentes” a los mareros, se debe “encuadrar en la Constitución”.
De acuerdo con la nueva ley, según Funes, “la mera pertenencia” a estos grupos, que han devenido en estructuras de crimen y violencia, será considerada un delito.
En los últimos días, dirigentes políticos y empresarios sorprendidos por el horrendo crimen del transporte han propuesto la pena de muerte para los pandilleros.
“Lo menos que puedo pedir es la pena de muerte para los involucrados en estos horrendos crímenes”, declaró el presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte (Fecoatrans), Catalino Miranda.
A pesar de que en el ambiente de indignación que prevalece hay consenso para que se castigue con más severidad a las pandillas, Funes deberá esperar el debate en la Asamblea Legislativa y luego la conducta de los jueces en la aplicación.
Para frenar las decenas de delitos que se ordenan desde las cárceles, el Ejército tomó ayer el control de los penales de Ciudad Barrios, Zacatecoluca y Sonsonate.