El temor más grande en los sectores sociales es un posible “pacto de impunidad” entre los grupos ilegales y el recién nombrado fiscal general, Conrado Reyes, a quien Castresana tildó con un “récord de corrupción” y lo vinculó con miembros del crimen organizado.
En casi tres años al mando de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), este hombre de 53 años desafió a sectores hasta el momento intocables, al encabezar pesquisas contra el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), encarcelado en espera de su extradición a EE. UU., así como contra narcotraficantes y exfiscales.
“La renuncia (de Castresana) es un mal precedente ante el concierto de las Naciones Unidas porque sale a la luz la ausencia de voluntad política para enfrentar a esos grupos y la impunidad”, dijo Jorge Santos, miembro del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH).
Sin embargo, lo que “más nos alarma es el pacto de impunidad alcanzado entre grupos paralelos de poder político, económico, militar y del crimen organizado con el Fiscal General”, aseguró.
En tanto, Hellen Mack, directora de la Fundación Mirna Mack, estimó que la salida de Castresana representa un duro golpe de los grupos incrustados en el Estado, para garantizar que prevalezca la impunidad en un país donde el 98% de los casos quedan sin castigo.
Sin embargo, Pedro Álvarez, de la organización Guatemala Visible, asegura que la responsabilidad de terminar con la impunidad es de los guatemaltecos.
Castresana pudo crearse muchos “anticuerpos posiblemente por ser extranjero y arrogante”, estimó Álvarez, uno de los que exigieron la renuncia del presidente Álvaro Colom, tras el crimen del abogado Rodrigo Rosenberg, quien acusó al gobernante en un video póstumo de su segura muerte.
El jurista español ya había advertido que el trabajo de la Cicig era abrir el camino para fortalecer el endeble sistema de justicia, pero aclaró que era una tarea compleja.
El mandato de la Cicig concluye en setiembre del 2011, salvo que se vuelva a prorrogar y para entonces, “nosotros tenemos que haber consolidado unos jueces, unos fiscales y unos policías transparentes, confiables, bien preparados”, afirmó Castresana recientemente.
Pero con su salida, deja entrever que Guatemala está casi como la encontró, con los mismos niveles de impunidad y sin las reformas que propuso para combatir y destruir a los “monstruos”, como él mismo los definió, que se han alimentado del Estado por años.