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PretendEn tener leyes, policía y gobiernos propios

Sala declara inconstitucionales ciudades privadas en Honduras

Actualizado el 05 de octubre de 2012 a las 12:00 am

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Sala declara inconstitucionales ciudades privadas en Honduras

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Tegucigalpa. AP. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucionales el miércoles una serie de ciudades privadas con sus propias leyes, sistema judicial, policía, gobierno, sistema de recaudación de impuestos e incluso autonomía en política monetaria y migratoria.

Por haberse aprobado por cuatro votos contra uno, y no por unanimidad, la sentencia pasa ahora al pleno de la Corte Suprema, donde 15 magistrados decidirán por mayoría simple si la ratifican o la rechazan. La Sala sostuvo que “(...) las inversiones extranjeras que se espera captar implican para el Estado de Honduras enajenar el territorio nacional, lo que expresamente prohíbe nuestra Constitución (...)”, ya que su construcción significaría que “(...) se habrá privatizado el Estado de Honduras y, por tanto, habrá desaparecido como tal para dar paso a una gran corporación mercantil (...)”.

La creación de las llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED), parte de un estatuto aprobado en enero del 2011 por el Congreso, desde el primer momento han sido objeto de una fuerte polémica y rechazo social.

Lo “último” en maquila. Las RED, más conocidas como “ciudades modelo”, han sido definidas como “una maquila de última generación” por uno de sus principales impulsores, el presidente del Congreso y candidato presidencial, Juan Orlando Hernández.

Los magistrados también dictaron que las RED “(...) cercenan el territorio y violentan la soberanía pues el pueblo (único soberano) dejará de ejercer su autoridad en tal circunscripción (...)”, además de que están en colisión y son violatorias de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

La autonomía de las “ciudades modelo” implica, según la sentencia, “su independencia del resto del país” y desde el punto de vista del sistema judicial conllevan a la creación de “tribunales de excepción”, prohibidos expresamente por la Carta Magna.

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