Primer ministro: Egipto celebrará referéndum constitucional en enero

Egipto tiene previsto celebrar el referéndum sobre la reforma de la Constitución en la segunda mitad del próximo mes de enero, dijo hoy el primer ministro egipcio, Hazem al Beblaui, aunque todavía no hay una fecha oficial fijada.

"Los momentos más peligrosos en la aplicación de la hoja de ruta serán los próximos meses, sobre todo en el referéndum constitucional, que creo que se llevará a cabo en la segunda quincena del mes de enero", afirmó Al Beblaui en una conferencia de prensa.

Tras el derrocamiento el pasado julio del presidente Mohamed Mursi, el Ejército anunció una hoja de ruta apoyada por distintas fuerzas políticas, religiosas y sociales con el objetivo de modificar la actual Carta Magna y celebrar luego elecciones parlamentarias y presidenciales.

Al Beblaui agregó, en declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias Mena, que la hoja de ruta se está aplicando "de acuerdo a lo estipulado" y llamó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto en la consulta constitucional.

Un comité de cincuenta personalidades se ocupa de la reforma de la Constitución, cuyo texto final deberá ser entregado al presidente interino, Adli Mansur, quien anunciará oficialmente la fecha del referéndum.

Asimismo, Al Beblaui insistió en que el Gobierno interino ha dedicado hasta 29.000 millones de libras egipcias (unos 4.200 millones de dólares) para impulsar la inversión en Egipto.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo también recordó el apoyo financiero brindado por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Kuwait, que tras la destitución militar de Mursi ofrecieron ayudas a Egipto por un valor total de 13.900 millones de dólares.

Además, Al Beblaui indicó que 4,5 millones de funcionarios se beneficiarán del aumento del salario mínimo a partir del próximo enero.

Sobre la ley que regula las protestas en el país, aprobada ayer por Mansur, el primer ministro destacó que esa norma ha salido adelante "después de un trabajo intenso y teniendo en cuenta la opinión del Consejo Nacional de Derechos Humanos".

Según la nueva ley, que ha suscitado las críticas de grupos de derechos humanos y activistas, se debe notificar a la policía con una antelación de tres a quince días cualquier convocatoria de protesta y, en caso de ser rechazada, los organizadores podrán recurrir esa decisión ante la justicia.

Además, quedan prohibidas las reuniones "con fines políticos" en los lugares de culto y las manifestaciones frente a determinados edificios públicos cuando haya personas en su interior, entre otros puntos.